EN LA MISMA LINEA QUE BENEDICTO XVI
El papa argentino, quien fue elegido en cónclave el pasado 13 de marzo, expresó esta voluntad durante la primera audiencia celebrada en el Vaticano desde que asumió el Pontificado con Gerhard Ludwig Muller, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. "El santo padre ha instado de un modo particular a la Congregación para que, siguiendo con la línea instaurada por Benedicto XVI, actúe con decisión en lo que respecta a los casos de abusos sexuales", reza el comunicado.
Esto, prosigue, incluye actuar "promoviendo en primer lugar las medidas de protección de los menores, la ayuda a quienes en el pasado han sufrido tal violencia, los procedimientos debidos hacia los culpables, el compromiso de las Conferencias Episcopales en la formulación y ejecución de las directivas necesarias en este terreno tan importante para el testimonio de la Iglesia y su credibilidad".
Francisco aseguró además que "en su atención y en su rezo por aquellos que sufren, las víctimas de abusos están presentes de modo particular". El pasado 5 de febrero, la Congregación para la Doctrina de la Fe informó de que en los últimos tres años habían llegado al Vaticano 1.800 denuncias de casos de abusos sexuales a menores por parte de clérigos y que la mayoría de los mismos ocurrieron entre 1965 y 1985.
El mayor número de denuncias se produjo en el año 2004, cuando llegaron 800 al dicasterio vaticano, encargado de este tipo de delitos y que envió en 2011 a todas las Conferencias Episcopales de una guía para afrontar, de manera "coordinada y eficaz", los casos de curas pederastas.
En 2010, por orden de Benedicto XVI, se actualizó el documento vaticano "De Delicta Graviora", de 2001, sobre los delitos más graves contra la moral y los sacramentos, dentro de la línea de "tolerancia cero" contra los abusos que mantuvo el anterior papa, quien hizo efectiva su renuncia al Pontificado el pasado 28 de febrero.
Con esa actualización, se dio una vuelta de tuerca en la lucha contra los curas pederastas, aprobando normas entre las que destaca la ampliación de 10 a 20 años del tiempo para denunciar los abusos y la introducción del delito de adquisición, posesión y difusión de pornografía infantil.