CRISIS DESDE EL 18 DE ABRIL
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que los encapuchados con armas que actúan en el marco de las protestas contra su Gobierno "son policías voluntarios", y que la cifra de muertos durante la crisis que estalló en abril asciende a 195, en una entrevista, según cuenta EFE.
"Aquí tenemos lo que se llama policía voluntaria", dijo Ortega en la entrevista, en la que repitió hasta en tres ocasiones que los enmascarados son "policías voluntarios", apenas una semana después de que había negado públicamente que esos grupos, denominados "parapolicías" o paramilitares, pertenecieran a su Gobierno.
"El policía voluntario en operaciones especiales va enmascarado en tiempo normal. Incluso hay países en América Latina en que los jueces van enmascarados para que no les maten", sostuvo el presidente.
Los encapuchados armados son señalados como los principales ejecutores de entre 295 y 448 muertos dejados por la crisis nicaragüense desde el 18 de abril, en protestas contra Ortega, lo cual negó el mandatario. "Son cifras que no son ciertas. Reales de estos enfrentamientos que se realizaron desde el 18 de abril, ya fue el enfrentamiento violento entre la oposición y el Gobierno, la policía y la población sandinista, da como resultado 195 fallecidos". Según el mandatario, los organismos de derechos humanos "juntan todos", tanto la gente fallecida en dichos enfrentamientos como el promedio de "dos (muertos) diarios" que ya tenía el país antes de la crisis, lo que daría "180 más".
Ortega descartó convocar elecciones antes de 2021, fecha para la que están programadas, tal y como han recomendado diversos sectores de la población de Nicaragua y parte de la comunidad internacional. En su opinión, un adelanto electoral sentaría "un precedente" y haría que el país cayera "en la anarquía".
A la pregunta sobre si gobierna una democracia, Ortega respondió que la suya es "una democracia, porque a fin de cuentas es el pueblo con su voto el que decide" y recordó que en Europa existe la reelección. Nicaragua atraviesa la crisis más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega como presidente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) han responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias", lo que Ortega ha negado. Las protestas contra Ortega y su esposa, Rosario Murillo, comenzaron por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.