EEUU | RECOPILACIÓN DE DATOS TELEFÓNICOS
El presidente de EEUU, Barack Obama, estudia las cuatro alternativas que le han presentado el Departamento de Justicia y los responsables de Inteligencia para que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) deje de custodiar millones de datos telefónicos y en su lugar lo hagan otras agencias o entidades.
Las opciones que están sobre la mesa de Obama son que estos metadatos telefónicos (datos de la llamada, pero no del contenido) pasen a estar bajo el control de las operadoras de telecomunicaciones privadas, de otra agencia federal como el FBI, o de una entidad ajena al Gobierno y a las compañías telefónicas, según informaron fuentes oficiales al "Wall Street Journal".
La cuarta alternativa, a falta de que cualquiera de las anteriores alcance el consenso total como parece ser el caso hasta el momento, sería poner fin a la recopilación de datos telefónicos de los estadounidenses y buscar un método alternativo para investigar a sospechosos de terrorismo y garantizar la seguridad nacional.
Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos comenzó a recopilar metadatos telefónicos, especialmente de operadores de líneas fijas, una práctica que reveló el exanalista de la NSA Edward Snowden, refugiado en Rusia tras destapar el año pasado el escándalo del espionaje por parte de esta agencia.
Un comité independiente de expertos recomendó ya en diciembre del año pasado a la Casa Blanca dar la custodia de esos millones de registros telefónicos a las empresas de telecomunicaciones y que sólo sean provistos a la agencia con una orden judicial concreta.
Obama se mostró reacio a apoyar esa idea en su discurso sobre la futura reforma de la NSA el pasado 17 de enero, y las propias compañías tampoco son partidarias.
La posición que dejó clara entonces Obama es que, a su juicio, el programa debe continuar porque es útil para la lucha antiterrorista pero tiene que ser reformado, por lo que el secretario de Justicia, Eric Holder, y las agencias de inteligencia le propondrán opciones y alternativas hasta el 28 de marzo, fecha en que debe ser autorizado de nuevo por el Congreso.
Consultada por el "Wall Street Journal", la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Caitlin Hayden, declinó comentar "los detalles de un proceso en marcha" y se limitó a decir que el Gobierno está analizando las opciones que le han presentado los responsables de Justicia e Inteligencia.