ANTE UN TRIBUNAL PENAL
Mubarak ha sido interrogado por su papel en la represión de las fuerzas de seguridad que acabó con la vida de más de 800 manifestantes y, además, está siendo investigado por corrupción. El fiscal general ha dicho que el ex presidente, que está detenido en un hospital de Sharm el Sheij, será juzgado por cargos que incluyen el "asesinato premeditado", por lo que podría ser condenado a pena de muerte.
Según los analistas, lo que ocurra en Egipto, el país más poblado del mundo árabe, podría tener repercusión en el resto de países árabes que han registrado protestas similares y el procesamiento de Mubarak por un cargo de asesinato premeditado podría llevar a mandatarios de otras naciones a presentar su dimisión.
Los dos hijos de Muabark, Alaa y Gamal, que habían sido considerados sus posibles sucesores, también han sido remitidos a un tribunal penal por los mismos cargos, según ha informado el fiscal general en un comunicado.
La decisión del fiscal general ha llegado varios días antes de que se celebre una nueva manifestación en la plaza Tahrir de El Cairo, el epicentro de las protestas que derrocaron a Mubarak. Los activistas han reclamado una amplia participación en esta nueva protesta convocada para reclamar una aceleración de las reformas y que Mubarak y otros altos cargos de su régimen sean juzgados.
"Cada vez que la juventud amenaza con ir a la plaza Tahrir de nuevo con un elevado número de manifestantes, creo que ellos hacen concesiones", ha dicho el experto político Hassan Nafaa, en referencia al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, el órgano que dirige el país desde la caída de Mubarak.
Los crímenes que se le imputan a Mubarak incluyen el "homicidio intencionado", "intento de homicidio de manifestantes", "abuso de poder", "malversación de fondos públicos" y "enriquecimiento ilícito", según el comunicado del fiscal general.
En su escrito, el fiscal general ha detallado que Mubarak está acusado, junto al entonces ministro del Interior, Habib al Adli, y algunas autoridades políticas, de cometer el "homicidio premeditado de algunos participantes en las protestas pacíficas en todo el país".
Los manifestantes en Egipto tuvieron que hacer frente a disparos con munición real, balas de goma, cañones de agua y porras durante los 18 días que duraron las manifestaciones que lograron derrocar a Mubarak. Muchos de los participantes en aquellas protestas han dado la bienvenida a la decisión del fiscal.
"El veredicto es algo bueno pero llega tarde. Nos hubiera gustado que hubiera llegado antes. No nos habríamos visto obligados a convocar grandes manifestaciones para que el Consejo Supremo del Ejército escuchara nuestra exigencias y actuara", ha dicho Mohamed Adel, miembro del Movimiento Juvenil 6 de abril.