TRAS APROBAR EL DECRETO QUE CONCEDE MÁS PODER A MADURO
Los ministros y altos cargos económicos del Gobierno venezolano suspendieron su comparecencia ante la comisión especial del Parlamento encargada de evaluar el decreto de emergencia económica aprobado por el Ejecutivo el viernes pasado.
La cancelación se debió a la negativa a ser sometidos a una "interpelación pública" en medio de un "show mediático" que podría "poner en riesgo" al país, según el vicepresidente ejecutivo del país caribeño, Aristóbulo Istúriz.
"Llamé al presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), le pedí que fuésemos lo más prudente en algunas materias que son trascendentes, que no podemos discutir públicamente porque arriesgamos al país y arriesgamos la condición de todos los venezolanos que se ven afectados", explicó Istúriz.
El vicepresidente señaló que el titular de la AN, Henry Ramos Allup, no accedió a que la comparecencia no fuese totalmente pública por lo que los miembros del Gobierno consideraron que "no hay garantías, sino que hay un 'show' montado al que se le quiere sacar provecho mediaticamente".
"No hay garantías, sino que hay un 'show'"
"Fue entonces cuando le dijimos a ellos que así nosotros no vamos a ir", agregó. Istúriz dijo que los miembros del gabinete económico querían "una discusión seria" y ofreció a los diputados de la comisión "toda la información que requieran" de "primera mano, directa, sin exponer a riesgo al país".
El vicepresidente ejecutivo invitó para este viernes a todos los parlamentarios a la sede de la vicepresidencia a conversar "de manera franca" y "de manera directa". El líder de la bancada parlamentaria oficialista, Héctor Rodríguez, también comparó con un "reality show" la jornada en la que, según Ramos Allup, se debía dar a conocer a los venezolanos "por boca de los propios ministros cuál es la realidad del país".
La oposición tenía previsto pedirles a los directivos de entidades clave como Petróleos de Venezuela (PDVSA), el Banco Central de Venezuela (BCV) y la oficina recaudadora de impuestos (Seniat) información sobre su gestión y su funcionamiento.
Para Ramos Allup, el "desacato" de los altos cargos a la cámara, como calificó la suspensión de la comparecencia, se debió a la disconformidad del oficialismo ante la presencia de medios de comunicación en la cámara.
"Debe ser que las informaciones que tienen que dar al país son muy graves y malas, pero no pueden negar la realidad de Venezuela", afirmó el presidente del Parlamento fuera del hemiciclo. La Ley sobre el Régimen para la Comparecencia de Funcionarios Públicos y los Particulares ante la AN establece que es una "obligación" con los ciudadanos de los cargos públicos acudir a estas llamadas del Parlamento a las plenarias o discusiones.
La inasistencia no justificada puede suponer al funcionario entre 300 y 600 unidades tributarias de sanción, lo que equivale a 45.000 bolívares (7.142,8 o 206 euros según las tasas de cambio) o 90.000 bolívares (14.285,7 o 413 euros), e incluso pueden ser suspendidos de su cargo hasta tres meses sin sueldo.
Aunque no se celebrara hoy la comparecencia, Ramos Allup explicó que la comisión que evalúa el informe, conformada por doce diputados opositores y siete chavistas, se constituirá "en su momento" y tomará una decisión con respecto al decreto con la información de la que disponga.
El decreto ya ha sido criticado por el presidente de la AN, que lo considera "más de lo mismo" después de que el Parlamento otorgara a Maduro en 2014 y 2015 poderes especiales que le facultaron para legislar en varias áreas ante la situación económica del país caribeño.
"Queremos sentarnos con el Gobierno a buscar una solución"
Según Ramos Allup, si la Asamblea, de mayoría opositora por primera vez tras 17 años de hegemonía chavista, rechaza el decreto será "la excusa perfecta del Gobierno para decir: 'no resolví la crisis, el desabastecimiento, la inflación, (..) porque la AN no aprobó el decreto".
El citado decreto da al Ejecutivo facultades que le permiten, entre otras cuestiones, disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera.
El instrumento, que ya fue oficializado, debe ser aprobado por el Legislativo, que tiene ocho días para su consideración y aprobación, desde que fue publicado en la gaceta oficial el pasado viernes. Por tanto, esta semana vence el plazo para que el Parlamento se pronuncie sobre el mismo.
El jefe de la comisión de finanzas, el opositor José Guerra, dijo que el equipo de parlamentarios ha trabajado con cinco expertos y especialistas en materia económica y ha preparado el informe que sería presentado el viernes.
"Queremos sentarnos con el Gobierno a buscar una solución a este problema. Tratar de hacer que este gobierno entre en razón. No puede ser que la solución que plantee sea amputarle a la Asamblea sus responsabilidades", afirmó.