AL SER PREGUNTADO POR LA RELACIÓN ENTRE ESPAÑA Y BÉLGICA
El ministro belga de Justicia, Koen Geens, ha asegurado que su Gobierno está haciendo por el expresidente catalán Carles Puigdemont lo mismo que haría "por cualquier otro ciudadano europeo". De visita oficial en Washington, Geens habló brevemente durante una entrevista sobre la relación entre Bélgica y España a raíz de la situación de Puigdemont, prófugo de la Justicia española.
Para Geens, como la orden europea de detención dictada por la Justicia española en noviembre pasado fue finalmente retirada, "no hay nada en cuestión" ahora mismo entre Madrid y Bruselas. "La orden de detención ha sido retirada, por lo que veo, no hay nada en cuestión ahora mismo entre el Estado belga y el Estado español", afirmó Geens, que aseguró tener buenas relaciones con el ministro de Justicia, Rafael Catalá.
"No veo nada en cuestión en este momento porque creo que estamos haciendo lo que haríamos por cualquier otro ciudadano europeo y, como no hay orden de arresto, hay poco que pueda decir sobre este asunto", insistió Geens, quien aseguró que, por parte del Ejecutivo belgas, no hay "nada" que afecte su relación con España.
El Gobierno belga ha insistido en la idea de que Puigdemont está siendo tratado como cualquier otro europeo. Poco después de que Puigdemont llegara a Bélgica, en noviembre pasado, el primer ministro belga, Charles Michel, fijó la posición de su Gobierno al asegurar que el expresidente catalán es "un ciudadano europeo que debe responder de sus actos" y tiene los mismos derechos y obligaciones que el resto.
El expresidente catalán permanece huido en Bélgica desde que abandonara Cataluña a finales del pasado octubre, después de liderar el proceso de declaración unilateral de independencia y con el deseo de volver a ser investido como jefe del Gobierno de esa región española, incluso estando en el extranjero.
Puigdemont se encuentra en Bélgica junto a cuatro exconsejeros catalanes fugados también: Clara Ponsatí y Lluís Puig, de JxCat (derecha independentista y coalición que lidera el expresidente); y Toni Comín y Meritxell Serret, de ERC (izquierda independentista). Todos ellos están imputados por la Justicia española por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación, cargos que podrían costarles hasta 25 años de prisión, al tiempo que sigue vigente una orden de detención en caso de que vuelvan a España.