SI NO SE DECLARABA CULPABLE, LA DEJARÍAN MORIR
La historia de Hilda comenzó el 10 de julio de 2009, cuando tenía 18 años. Ella fue al centro de salud, acompañada de su hermana mayor y de un vecino, porque sufrió una hemorragia transvaginal que le provocó un aborto espontáneo. La joven trasladaba a diario de agua desde una presa hasta su casa.
La joven, de ahora 22 años, fue obligada en el hospital a decir que se había provocado un aborto. En caso contrario, los médicos, según le dijeron, la dejarían morir desangrada. El personal del centro de salud dio parte a las autoridades ministeriales, quienes abrieron una investigación que derivó en que el 16 de julio de 2012 ordenaran su detención acusada por el delito de aborto como parte del proceso penal 70/12.
Según el juez, Ramiro Díaz, las abogadas defensoras de Hilda no presentaron pruebas sólidas de que el aborto del feto de seis semanas había sido espontáneo, por lo que la envió un año a prisión, como marcan las leyes del Estado. Para Díaz, la declaración forzada de Hida en el hospital solo para ser atendida fue una prueba concluyente de su 'culpabilidad'.
De acuerdo con la legislación de la región mexicana de San Luis Potosí, el aborto es considerado un delito en todos los casos, a excepción de los embarazos producto de una violación. No obstante, los procedimientos para abortar en este último caso no están reglamentados.