Pena de muerte
Rocky Myers lleva 30 años en el corredor de la muerte en una prisión de Alabama. La abogada que lleva ahora su caso pide el indulto para él. Considera que fue juzgado sin pruebas y defendido por un abogado negligente.
Rocky Myers es afroamericano, tiene 59 años y lleva 30 en el corredor de la muerte en una cárcel del estado de Alabama. Su caso es uno más, de tantos en EE.UU, en el que un hombre de raza negra y pobre es acusado de asesinato a pesar de que no hay pruebas concluyentes contra él. En el caso de Rocky, además se suman más ingredientes, una discapacidad intelectual y una mala defensa durante el juicio y todo el proceso posterior.
Nos lo cuenta Kacey Keeton, una abogada que se interesó por él, por su situación y que desde hace 17 años lucha para que se haga justicia. Fue acusado de la muerte de Ludie Mae, su vecina, una mujer blanca que fue asesinada.
Varios testigos- uno clave- que luego se retractó, señalaron a Rocky como el autor. Le encontraron un aparato de vídeo que pertenecía a la víctima pero él siempre aseguró que lo había encontrado en la calle y que era inocente.
Y a partir de aquí una cadena de sin sentidos en un caso como éste: "Este caso es un reflejo de lo que ocurre en Alabama" asegura la abogada. "Le designaron un abogado de oficio porque es pobre y ese abogado anteriormente había sido del Ku Klus Klan y él, un hombre negro, estaba siendo representado por una persona que tenía ese pasado, esa historia. Fue juzgado por un jurado donde había once personas blancas y una negra y ese jurado que lo consideró culpable también determinó que tenía que tener una sentencia de cadena perpetua sin posiblidad de libertad condicional. Pero un juez invalidó esa sentencia y lo envió al corredor de la muerte "cuenta Kacey Keeton a un equipo de Antena 3 Noticias.
Tampoco ayudó en su proceso su discapacidad intelectual. Su abogado le abandonó, se pasaron los plazos para apelar, y todo esto teniendo en cuenta que se trata de una persona que tiene una capacidad intelectual de un niño pequeño. Antes de estar en prisión "se apoyaba mucho en su mujer" y según nos dice la abogada Kacey Keeton ¨tiene una capacidad intelectual moderada, él puede leer como un niño de 4º grado, y lo mismo con la escritura. Le cuesta recordar, memorizar, saber cuales son los días de la semana como es un calendario.Lo que más impacta es que él antes de entrar en prisión dependía mucho de su mujer, para las cosas del día a día,le rellenaba los formularios para los empleos y de alguna manera la vida familiar la llevaba ella adelante. Su vida en prisión impactó en su posibilidad de tratar con abogados y de comprender lo que fue pasando, los distintos pasos en su caso".
Kacey cree firmemente en la inocencia de Rocky Myers y está segura que con él se cometieron varios fallos judiciales por eso, ahora, pide el indulto a la gobernadora del estado de Alabama: "Rocky es la persona que yo represento y cuando Rocky perdió en la Corte Suprema de Estados Unidos le preguntamos a él que pensaba del indulto y él dijo que no quería pedirlo pero si permitió que nosotros lo hicieramos si con su caso se puede denunciar lo que ocurre en el sistema judicial".
La Corte Suprema de los Estados Unidos determinó en 2016 que una persona con discapacidad intelectual no debe ser ejecutada pero en el estado de Alabama "cambiaron la ley pero no con carácter retroactivo y todavía hay 30 personas en Alabama que están en corredor de la muerte" afirma la abogada.
"Creo que hay muchos fallos en Alabama, primero que no hay un sistema de defensor público en el estado y eso quiere decir que las personas que son pobres y especialmente de color quedan sin un abogado, que los designa el tribunal, con lo cual la justicia justa sólo viene con el precio del dinero" asegura Keeton. "Creo que tenemos que tener una visión más profunda hacia como vemos la justicia y tratar de lograr que sea más equitativa para todos desde el principio, una situación más igualitaria para todos y que la justicia no tiene que estar vinculada a la cantidad de dinero que una persona tenga en su cuenta corriente en el banco".
Rocky Myers tiene 4 hijos , 4 nietos y 4 bisnietos, que le visitan con frecuencia en la prisión donde está el corredor de la muerte, al sur del estado. Allí Rocky lleva una vida tranquila, según cuenta Myriam Bankston, asistente social que le atiende en la cárcel. "Rocky trabaja y ayuda a otras personas, incluso a los guardias también. Está muy involucrado en la iglesia, reza, habla con su familia y sus amigos, ese es un día normal para él, se reúne con el grupo con el que reza. Escucha música y le gusta el beisbol y el fútbol americano".
No hay fecha fijada para su ejecución pero puede ser en cualquier momento. Mientras tanto estas dos mujeres están dispuestas a seguir peleando por su indulto. Ahora han venido a España a contar su caso, lo hacen desde la sede de Amnistía Internacional en Madrid. Precisamente, donde la ONG acaba de hacer público el balance de ejecuciones en el mundo 2023 .
El informe constata que se ha registrado el número más alto de ejecuciones desde 2015, sobre todo por el repunte de ejecuciones en Irán. 1153 personas han sido ejecutadas este año, cifra que no incluye las miles que se cree que han podido realizar en China .
Solo Irán y Arabia Saudí suman hasta el 89% total de las ejecuciones llevadas a cabo en el mundo, un 15% y un 74% respectivamente, y dirigidas contra activistas, disidentes y minorías. También destacan casos como Somalia, donde las condenas se duplicaron por seis en menos de un año, y Yemen, donde aumentaron de cuatro a 12 ejecutados en ese mismo período.
De las registradas en Irán, al menos 545 fueron realizadas por delitos que no deberían conllevar la pena de muerte según el derecho internacional, como posesión de drogas, robo y espionaje. Además, la ONG denuncia que en muchos casos se realizaron de forma sumaria y sin derecho a juicio.
Debido al secretismo con que actúan algunos Estados, las cifras de Amnistía no incluyen los miles de personas que se cree han sido ejecutadas en China, que sigue siendo el país que lleva a cabo el mayor número de ejecuciones. De forma similar, la organización no pudo presentar cifras sobre Corea del Norte y Vietnam, países que se creen recurren ampliamente a las ejecuciones.
Sin embargo, el número limitado de informes oficiales que sí han salido de estos países transmitía a la ciudadanía el mensaje claro de que la delincuencia o la disidencia serían castigadas con la muerte y mostraban que esta pena seguía formando parte del arsenal del Estado para mantener el control y reprimir la disidencia.
En China se usaron las informaciones publicadas en los medios de comunicación estatales para recordar a la población que delitos como el narcotráfico y el soborno serían castigados con dureza y desembocarían en la ejecución, mientras Corea del Norte promulgó una nueva ley que prevé la pena de muerte como posible castigo para quienes no usen la lengua nativa coreana. Mientras tanto, las autoridades militares de Myanmar siguieron imponiendo condenas a muerte en tribunales controlados por las fuerzas armadas, en procedimientos secretos y manifiestamente injustos.
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