Entrevista
Eva González, la abogada española que ha destapado el mayor escándalo político y administrativo de la década del gobierno de Mark Rutte, en Países Bajos, ha demostrado que 26.000 familias tenían razón y no habían defraudado a Hacienda.
Miles de familias, en su mayoría de origen turco y marroquí, fueron víctimas de acusaciones de fraude en la asignación que usaban para financiar el cuidado de sus hijos. Por ello, fueron obligados a devolver cantidades de dinero de hasta 100.000 euros, en el plazo de semanas, llevando a muchos a perder su casa y su trabajo.
Este escándalo estalló en el Parlamento y en la prensa nacional gracias a la perseverancia de la abogada (nacida en Cáceres en 1973), que no se rindió y continuó haciendo llamadas de teléfono, enviando correos y visitando a funcionarios de la agencia tributaria para demostrar que sus clientes no habían defraudado a Hacienda y necesitaban las ayudas.
Antena 3 ha podido hablar con la abogada, la cual ha contado numerosos detalles de este caso.
¿Por qué empezaste a investigar el caso?
En el 2014 pararon el subsidio para poder pagar las facturas de la guardería de un día para otro. Desde el 2014, procuré primero arreglarlo yo diciéndole a la gente que entregara los papeles, pero al ver que no cedían tuve que ir al juzgado y seguir el caso junto a mi marido y el abogado de mi marido. Pero como no avanzaba, tuve que tomar medidas y dirigirme al defensor del pueblo, al defensor de los niños y a la autoridad de datos personales.
¿Cómo te diste cuenta de que había irregularidades?
Aquí si Hacienda te manda una carta y te quita un subsidio, normalmente, te tienen que decir por qué. Allí lo hacían al revés, te lo quitaban primero y después no te explicaban por qué. Y aunque la gente mandaba los documentos, después de meses de espera, no les daban información de por qué no les seguían pagando el subsidio.
¿Cómo comprobasteis que muchas víctimas tenían el mismo perfil?
Yo veía que la gente que me llamaba no era holandesa, así que eso también es algo que ha pasado. Lo vio mi marido durante una cita con hacienda, se dio cuenta y preguntó que por qué necesitan la segunda nacionalidad para saber si una persona tiene derecho a un subsidio o no. En la ley pone que eso no es necesario, así por eso empezamos a preguntar y al final ha salido que eso no se podía hacer.
¿Cuál es la acusación principal?
Es ilegalidad constitucional. Después de ir a juicio lo que hacían es que, en vez de mandar el caso completo, sacaban los papeles en los que se veía que trataban a la gente, así no llegaban al juzgado. Ha habido personas dentro de Hacienda que han visto lo que se estaba haciendo y no estaban de acuerdo. Esas personas me daban documentación en la que yo veía que se estaba informando mal al juez.
¿Has recibido presiones para no seguir investigando?
Cuando sientes presiones en un caso, y por lo menos yo lo he sentido así, durante seis años, te da razones para seguir. Si te da la razón un juez, si te da la razón el defensor del pueblo y si te da la razón el defensor de los niños, cada vez vas sumando que más personas te dan la razón y te da energía para seguir.
¿Te ha sorprendido la repercusión que está teniendo en Países Bajos?
No me ha sorprendido porque en el 2014 lo que estaba pasando no era normal. Eso lo vi. Ha tenido que pasar mucho tiempo y echar horas y horas procurando enseñar a todo el mundo lo que estaba pasando. La opinión popular es que esto ha estado muy mal hecho.
¿Las familias ya han sido o van a ser indemnizadas?
Además de 26.000 personas afectadas que han sido tratadas así, yo tengo mi primer grupo de afectados con el que empecé y en diciembre de 2019 ellos ya recibieron una parte de la recompensa.
El 22 de diciembre de 2020 también recibieron una cantidad de 30.000 euros por persona de recompensa. Si es suficiente la compensa la gente lo dirá y si no tendremos que seguir. Porque aquí si tú le debes algo a Hacienda te quitan hasta el coche, la casa y te embargan todo.
La semana que viene va a haber un debate y van a tener que responder a más de 500 preguntas que ha hecho la segunda cámara.
¿Desde cuándo han podido estar cometiendo estas irregularidades?
Según veo, y lo estoy investigando todavía, el tratamiento de estos ciudadanos como estafadores me parece que es desde el 2006 o el 2007.
¿Los afectados están satisfechos con la dimisión del Gobierno?
En mi opinión, las víctimas no tienen nada que ganar con la renuncia de un gabinete. La responsabilidad política es algo distinto de la responsabilidad de los que actúan en última instancia. Algunos lo ven como justicia, pero la mayoría lo que quieren es una compensación en el sentido amplio y una compensación moral porque no solo es el dinero.