Corea del Norte
La negligencia y la corrupción en la gestión de la crisis por las inundaciones en Corea del Norte resultaron en la ejecución de 30 funcionarios, mientras Kim Jong-un rechaza la ayuda internacional y desestima la muerte de miles de personas.
Kim Jong-un, líder de Corea del Norte, ordenó la ejecución de al menos 30 funcionarios tras las devastadoras inundaciones que afectaron a la provincia de Chagang y la región del río Yalu. Las fuertes lluvias y deslizamientos de tierra en este área provocaron la muerte de entre 4.000 y 5.000 personas, además de dejar a más de 15.000 desplazados.
La cadena surcoreana TV Chosun reportó que los funcionarios fueron acusados de corrupción y negligencia en la gestión de la crisis, llevando a su ejecución en masa como un castigo ejemplar.
Las zonas más afectadas incluyen la provincia de Chagang y las áreas cercanas a la frontera con China, donde el río Yalu se desbordó, causando estragos en las ciudades de Sinuiju y Uiju. Según informes del medio Daily NK, más de 4.000 edificios y 3.000 hectáreas de tierras agrícolas quedaron sumergidos bajo las aguas, dejando a miles de residentes sin hogar. Este desastre natural ha sido una de las crisis humanitarias más severas que ha enfrentado el país en los últimos años.
En respuesta a la catástrofe, Kim Jong-un convocó a una sesión de emergencia con altos funcionarios, incluidos Kang Bong-hoon, secretario del Comité Provincial del Partido en Chagang, y el Ministro de Seguridad Pública, quienes fueron removidos de sus cargos. Según declaraciones de un exdiplomático norcoreano, Lee Il-gyu, el ambiente entre los funcionarios del régimen era de extrema tensión, con muchos temiendo por sus vidas debido a la severa respuesta del dictador.
A pesar de la gravedad de la situación, Kim Jong-un rechazó cualquier oferta de ayuda internacional, una postura que ha mantenido en crisis anteriores, y ordenó que las 15.000 personas desplazadas fueran trasladadas a la capital, Pyongyang, para su recuperación. Kim también desestimó las cifras reportadas por medios surcoreanos sobre las muertes, insistiendo en que las bajas habían sido significativamente menores.
Las ejecuciones públicas, aunque negadas oficialmente por el régimen norcoreano, han sido una práctica recurrente bajo el liderazgo de Kim. Antes de la pandemia de COVID-19, Corea del Norte registraba un promedio de 10 ejecuciones públicas al año, cifra que, según el diario Korea Times, ha aumentado drásticamente a cerca de 100 en los últimos años. Además, se ha reportado un incremento en las ejecuciones de jóvenes, en un intento del régimen por contrarrestar la creciente influencia cultural de Corea del Sur entre la población norcoreana.
En medio de este clima de represión, la deserción de Ri Il Kyu, un alto diplomático norcoreano destinado en Cuba, cobró relevancia internacional. Ri, quien decidió huir a Corea del Sur en noviembre, expresó su "frustración y enfado" por la corrupción y la injusticia dentro del régimen, así como por la negativa a su solicitud de tratamiento médico en México. Su decisión de desertar coincide con la creciente presión internacional sobre el régimen de Kim Jong-un, especialmente por parte de Estados Unidos, que en julio condenó la “aplastante represión” ejercida por el gobierno norcoreano.
Vedant Patel, portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., afirmó que no es sorprendente que haya personas que busquen escapar desesperadamente de Corea del Norte en busca de un lugar donde sus derechos humanos sean respetados. La deserción de Ri Il Kyu es solo uno de los muchos casos que subrayan la brutalidad y la desesperanza que enfrentan los ciudadanos norcoreanos bajo el yugo de Kim Jong-un.
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