Estados Unidos
Clarence Thomas, juez conservador del Tribunal Supremo de Estados Unidos, aseguró este viernes que las vacunas contra el coronavirus se desarrollan utilizando células de "niños abortados". El juez hizo esta afirmación mientras llevaba a cabo una opinión durante un jucio en el que un grupo de sanitarios pedía anular el mandato de vacunación impuesto en Nueva York basándose en consideraciones religiosas.
Mientras que la mayoría de la Corte desestimó el caso, Thomas aseguró que los sanitarios se oponen "por motivos religiosos" a todas las vacunas contra la covid-19 disponibles porque "se desarrollaron utilizando líneas celulares derivadas de niños abortados". Según el magistrado, el Supremo debería haber escuchado los argumentos de los demandantes, quienes defendían que su exención religiosa estaba protegida por la Constitución estadounidense.
Este magistrado también emitió una controvertida opinión durante el fallo sobre el aborto en EEUU. Thomas animó directamente a sus compañeros a revisar otras sentencias pasadas usando el mismo prisma que en la decisión sobre el aborto.
El juez apuntó al matrimonio homosexual y al derecho a usar anticonceptivos, que como ocurría con el aborto, no están protegidos explícitamente por ninguna ley federal, sino que dependen de las interpretaciones que en su momento hizo el Tribunal Supremo con respecto a su encaje en la Constitución.
Sugiere que se revise el matrimonio homosexual
Thomas abogó por revisar en el futuro los precedentes basados en el "debido proceso fundamental, una doctrina del Derecho estadounidense que permite a los tribunales poner límites a la actividad legislativa cuando afecta a "la vida, la libertad o la propiedad".
El magistrado hizo mención expresa a los fallos previos del Supremo que garantizan el acceso a anticonceptivos a parejas casadas ('Griswold contra Connecticut') y el matrimonio homosexual ('Obergefell contra Hodges').
Durante meses, desde que se filtró el borrador de la sentencia del Supremo sobre el aborto, varios activistas y políticos progresistas han alertado de que la decisión del alto tribunal establece un peligroso precedente que podría afectar a otros derechos.