Un juez federal prohíbe que Estados Unidos obligue a los migrantes centroamericanos a esperar en México

Un juez estadounidense ha suspendido este lunes la política de la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de enviar a algunos solicitantes de asilo de vuelta a la frontera sur para esperar sus casos en México, deteniendo un programa que el Gobierno planeaba usar para detener una reciente llegada de inmigrantes.

Se espera que la decisión entre en vigor el viernes, según la orden del juez federal Richard Seeborg en San Francisco. La medida se aplicará a nivel nacional.

El programa se lanzó en enero y fue una de las muchas políticas destinadas a reducir el número creciente de inmigrantes que llegan a la frontera, muchos de ellos familias de Centroamérica, que el mes pasado alcanzó la cifra más alta en una década.

Debido a los límites sobre el tiempo que se permite que los niños permanezcan legalmente detenidos, muchas de las familias son puestas en libertad para esperar las audiencias de los tribunales de inmigración de Estados Unidos, un proceso que puede durar años debido a que las solicitudes se acumulan.

La Administración de Trump indicó la semana pasada que planeaba expandir el programa por el que se envía a algunos migrantes para que esperen sus audiencias en ciudades fronterizas mexicanas, según una política conocida como Protocolos de Protección al Migrante, también conocida como MPP.

El Gobierno argumentó que se necesitaban los MPP porque muchos solicitantes de asilo pasaban años viviendo en Estados Unidos y nunca se presentan a sus audiencias antes de que se rechace su solicitud y un juez de migración ordena su deportación.

Sin embargo, Seeborg ha señalado que la Ley de Inmigración y Nacionalización no autoriza al Gobierno a enviar de nuevo a los solicitantes de asilo a México de la manera en que el Gobierno lo ha aplicado.

El juez ha asegurado que el Gobierno permitirá que los 11 demandantes en el caso entren a Estados Unidos a partir del domingo y que el Gobierno aún conservaba el derecho de detener a los solicitantes de asilo en espera del resultado de su caso.

El fallo puede ser apelado y el Gobierno podría solicitar que se suspenda el recurso hasta que el proceso de apelación siga su curso.