Un juez federal ordena detener la construcción del salón de baile de Trump en la Casa Blanca

El ambicioso plan de Donald Trump para construir un gran salón de baile en el ala este de la Casa Blanca se ha visto truncado tras la intervención de un juez federal. Este martes, el magistrado Richard Leon concluyó que el presidente no tiene competencias para costear las obras valoradas en 400 millones de dólares mediante aportaciones privadas. En su resolución, Leon enfatiza que Trump carece de la autoridad necesaria para introducir modificaciones de tal calibre en la residencia presidencial, pese a que el mandatario sostiene lo contrario.

En un fallo de 35 páginas, el juez recuerda que el presidente actúa como "custodio de la Casa Blanca para las futuras generaciones de primeras familias", pero no como su propietario. Asimismo, subraya que ninguna normativa respalda las atribuciones que Trump afirma tener en este ámbito.

Los hechos se remontan a octubre, cuando el presidente ordenó la demolición de gran parte de la sección oriental del ala este. En ese espacio, que albergaba oficinas de la primera dama y un cine, proyecta construir un salón de más de 8.000 metros cuadrados. Las recreaciones difundidas muestran un diseño con lámparas doradas de gran tamaño y techos ornamentados en tonos dorados, muy en la línea del salón de baile de Mar-a-Lago, su residencia en Palm Beach.

La intervención sobre esa zona ya generó críticas desde la oposición, especialmente porque el proyecto aún no contaba con el visto bueno de la Comisión Nacional de Planificación de la Capital, organismo responsable de supervisar este tipo de actuaciones en edificios federales. El Fondo Nacional para la Preservación Histórica también intentó frenar sin éxito la demolición, alertando de que el nuevo espacio, de unos 8.400 metros cuadrados, podría eclipsar al propio edificio principal, que tiene cerca de 5.000 metros cuadrados.

Diversos dirigentes demócratas denunciaron entonces lo que consideraban una alteración unilateral de un bien patrimonial común. El senador Adam Schiff, por ejemplo, publicó imágenes de los primeros trabajos de demolición acompañadas de un comentario irónico: "Algunas metáforas se escriben solas".

En su sentencia, Leon exige además que el presidente identifique al menos una ley que avale la demolición del anexo sin la aprobación del Congreso. La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el Legislativo otorgó implícitamente esa facultad al asignar fondos para el mantenimiento y reforma de la residencia oficial.

La decisión judicial es el último episodio de un prolongado pulso entre el juez y el equipo legal del Gobierno. En escritos previos, Leon ya había rechazado los argumentos del Departamento de Justicia, insistiendo en que la Casa Blanca no puede equipararse a otros proyectos patrimoniales. "Es un lugar especial", recalcó, "un símbolo emblemático de la nación".

Más allá del debate sobre la conservación histórica y el impacto visual, el salón sería considerablemente mayor que el resto del edificio, la financiación del proyecto también ha generado controversia. Las obras se sustentan en donaciones privadas, entre cuyos principales contribuyentes figuran grandes empresas tecnológicas como Google, Amazon y Palantir. Esto ha suscitado interrogantes sobre posibles contrapartidas o beneficios para sus directivos.

Horas antes de conocerse el fallo, Trump ya había criticado en su red social la demanda presentada por el Fondo Nacional para la Preservación Histórica, al que calificó de "grupo de lunáticos de izquierda". La organización ha interpuesto dos querellas: una por el salón de baile y otra por la reciente decisión de reformar el Kennedy Center, cuya remodelación, según el propio presidente, podría implicar incluso la demolición total del edificio.

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