Aborto
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha firmado hoy una orden ejecutiva para proteger el acceso al aborto. Con este paso el dirigente ha hecho frente a las críticas de inacción tras el fallo del Tribunal Supremo contra ese derecho. "La decisión del Tribunal Supremo sobre el aborto no fue impulsada por la Constitución. Esta prohibición no sucederá mientras sea presidente, la vetaré", ha asegurado el mandatario minutos antes de dar luz verde a la medida.
Biden tramita una orden para proteger el derecho
La propuesta de Biden requiere del apoyo de diez senadores republicanos, por lo que el camino para tramitarla no es fácil. Por esta razón, el mandatario ha pedido a los estadounidenses que voten en las elecciones de noviembre para cambiar la composición del Congreso. "Ustedes, las mujeres pueden determinar cuál es el resultado de este tema. No creo que el Tribunal o los republicanos, que durante décadas han avanzado esta agenda extrema, tenga idea alguna sobre el poder de las mujeres estadounidenses", ha añadido. +
La orden incluye una ampliación del acceso a píldoras abortivas y la garantía de que todas las pacientes puedan contar con servicios médicos de emergencia amparados por la ley. También plantea solicitar a la Comisión Federal de Comercio medidas para la protección de la privacidad de aquellos que buscan información sobre el cuidado reproductivo en línea.
"Un primer paso"
El presidente de NARAL Pro-Choice America, Mini Timmaraju, ha explicado que la orden de Biden es "un primer paso importante para restaurar los derechos tomados de millones de estadounidenses por la Corte Suprema".
Sin embargo, no todas las voces se han mostrado a favor. Lawrence Gostin, que dirige el O'Neill Institute for National and Global Health en Georgetown Law, ha advertido que la orden firmada por el presidente estadounidense es "decepcionante".
¿Cómo funcionará la orden?
Tal y como ha detallado Biden, la Casa Blanca, el Consejo de Política de Género y el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, trabajarán de forma conjunta para crear un grupo de expertos que "proporcionará asistencia técnica a los estados que ofrezcan protección legal a los pacientes de fuera del estado, así como a los proveedores que ofrezcan atención sanitaria reproductiva legal".