Italia
El presidente de la República de Italia, Sergio Mattarella, firmó un polémico proyecto de ley que convierte la gestación subrogada o "vientre de alquiler" en un delito universal. La nueva legislación había sido aprobada definitivamente por el Senado el 16 de octubre.
Italia ha aprobado una restrictiva ley contra la maternidad subrogada. La nueva ley establece penas de prisión de entre tres meses y dos años y multas que varían entre 600.000 euros y un millón de euros para quienes realicen, organicen o publiciten la gestación subrogada, así como quienes participen en la comercialización de gametos o embriones.
Esta medida tiene un carácter extraterritorial, ya que, aunque los hechos se cometan fuera de Italia, el ciudadano italiano que participe en ellos será juzgado según la ley italiana. Esta práctica, también conocida como "vientre de alquiler", ya estaba castigada en Italia desde 2004, pero el nuevo texto lo hace punible también si se ha llevado a cabo fuera del país, como ha hecho mucha gente a lo largo de las dos últimas décadas. Se trata de una legislación clave en la agenda política de Meloni, que ha calificado los "vientres de alquiler" de "práctica inhumana".
Desde la oposición, el secretario general del partido progresista Más Europa, Riccardo Magi, aseguró que la ley es "inconstitucional". La ley "será derribada por los tribunales", declaró Magi, que la tachó de "desgracia jurídica" que "entra en conflicto con el artículo 49 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea".
"Es una pena que quienes paguen el precio por ello sean las familias y sus hijos", concluyó Magi. "Quien se atrinchera detrás de la retórica de los derechos para justificar la práctica del útero en alquiler debería preguntarse por qué en cambio hay una red mundial de feminismo que apoya la iniciativa de Italia y considera a nuestro país un ejemplo a seguir en todas partes", comentó a la agencia ANSA la ministra de Familia, Igualdad de Oportunidades y Natalidad Eugenia Roccella.
Para otros sectores de la oposición, la nueva legislación va en contra de la Constitución, crea "niños de serie A y de serie B" y tiene un molde "medieval", concepto expresado varias veces también por las Familias Arcoíris y por las muchas asociaciones LGBT.
Según el líder del grupo de Italia Viva, Ivan Scalfarotto, la nueva disposición viola el artículo 3 de la Constitución. Diversos sectores han criticado la medida por considerar que ignora el contexto global en el que muchas parejas, incluidas las italianas, recurren a la gestación subrogada como una solución para formar una familia.
Organismos internacionales y colectivos de derechos humanos han señalado que la ley podría criminalizar a las parejas italianas que buscan este procedimiento en el extranjero y que, además, podría vulnerar el acceso a derechos reproductivos y de procreación asistida. Por contra, el gobierno italiano ha defendido la norma como un paso necesario para evitar la explotación de mujeres en situaciones vulnerables y garantizar que los menores no sean tratados como mercancías.
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