Gestación subrogada
La medida, que ha suscitado una gran polémica, prohíbe la gestación subrogada incluso en países donde sí está permitida
Giorgia Meloni mantiene esta semana el foco mediático totalmente centrado en ella por dos de sus grandes caballos de batalla políticos: la inmigración y la gestación subrogada. El Parlamento italiano acaba de dar luz verde a un proyecto de ley que considera a que la gestación subrogada en un “delito universal”. De esta forma, introduce la prohibición de esta práctica no sólo en Italia, donde ya es ilegal, sino también en países donde se considera legítima como Estados Unidos.
La propuesta, presentada por Hermanos de Italia, la formación ultraderechista de la primera ministra, ha logrado el apoyo de 84 senadores mientras que otros 58 han votado en contra. Ha sido un proceso largo, en Julio de 2023 ya había recibido la aprobación de la Cámara de los Diputados.
En Italia, la gestación subrogada está penalizada desde 2004 con multas de entre 600.000 y un millón de euros. También conlleva penas de entre tres meses y dos años de cárcel a quienes “ en cualquier modo, realiza, organiza o publicita el comercio de gametos o embriones o la subrogación de la maternidad”.
El debate en el Senado italiano ha contado con la dosis de intensidad habitual en asuntos tan espinosos. La oposición unida ha rechazado el proyecto de ley dentro y fuera de la cámara. La senadora, Elena Cattaneo lo ha definido como “un manifiesto ideológico” que va en “perjuicio de las familias” y de los “niños. Fuera de la cámara, varios activistas y colectivos en defensa de los derechos de los colectivos LGTBI han protestado contra la aprobación de esta norma. Esta medida hará que para los padres homosexuales será prácticamente imposible tener hijos.
Lo que falta por aclarar es qué situación quedan los hijos nacidos por gestación subrogada antes del endurecimiento de esta ley. El ejecutivo italiano se ha enfrentado por esta cuestión con ayuntamientos . En Milán, por ejemplo, cuyo alcalde es el progresista Beppe Sala, ya han registrado a hijos de parejas homosexuales alegando un “vacío legislativo”. En cualquier caso, el Tribunal Supremo del país ya dictaminó en diciembre de 2022 que las personas nacidas mediante esta práctica deben llevar a cabo un proceso de adopción y contar la aprobación de un juez, para ser reconocidas.
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