LA INVESTIGACIÓN SIEMPRE HA SIDO CONTROVERTIDA
Un informe policial sugiere que el fiscal argentino Alberto Nisman, que acusó a la expresidenta [[LINK:EXTERNO||||||Cristina Fernández]] de encubrimiento de terroristas días antes de ser hallado muerto, en enero de 2015, fue asesinado y que los autores prepararon la escena para simular un suicidio.
El cadáver de Nisman se encontraba en el baño de su casa en Buenos Aires con una bala en la sien derecha que fue disparada desde una pistola de calibre 22 por uno de sus atacantes, mientras el otro lo sostenía por las axilas "como en un abrazo", tras haber sido colocado previamente frente a la bañera, detalló la investigación ahora en poder de la justicia.
Además, fruto de los golpes recibidos por sus supuestos verdugos, el fiscal tenía el tabique nasal fracturado y hematomas en el estómago, la cadera y otras partes del cuerpo, detallan los resultados del informe, que también apreció en el cadáver restos de ketamina, una droga que funciona como un potente anestésico.
Este informe fue solicitado en enero de 2017 por el fiscal del caso, Eduardo Taiano, a expertos de la Gendarmería, un cuerpo de las fuerzas de seguridad que no había estado involucrado en las anteriores pericias, que fueron muy cuestionadas al apuntar que la muerte de Nisman habría sido un suicidio, y de él se conocieron hoy algunos aspectos nuevos.
Según fuentes jurídicas, la mayor dificultad para esclarecer lo que sucedió en el apartamento de Nisman es la contaminación de la escena, ya que más de 60 personas caminaron por él sin cuidado durante horas tras la aparición del cadáver. Además, buena parte de las cámaras de seguridad del edificio, en el lujoso barrio de Puerto Madero en Buenos Aires, no funcionaban desde días antes de los hechos, y su teléfono móvil y su ordenador habían sido manipulados para ocultar pruebas, algo que investigan actualmente por separado peritos informáticos.
Pocos días antes de su fallecimiento, Nisman, que investigaba el atentado a la mutual judía AMIA en 1994, un crimen que aún sigue impune, había acusado a la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015) y su canciller Héctor Timerman (2010-2015) de encubrir a los supuestos autores iraníes del atentado. El fiscal sostenía que un acuerdo suscrito entre Argentina e Irán en 2013 y que el Gobierno de Fernández aseguraba que era para avanzar en el esclarecimiento del ataque, buscaba en realidad proteger a los acusados con el fin de mejorar la relación bilateral comercial, algo que la expresidenta siempre ha negado.