Problemas legales
El caso del Estado de Georgia en 2020 sobre los intentos de manipular el resultado de las elecciones presidenciales es el que tiene más detalle y está mejor construido de las cuatro imputaciones que pesan sobre Trump.
Además, la ley de Georgia prevé que sus audiencias sean públicas y televisadas algo de lo que solo se libran en contadas excepciones. Esto significa que se podría ver a la persona con más posibilidades de encabezar la lista republicana a la presidencia y a sus colaboradores sentados en un banquillo.
Los fiscales de Georgia indicaron como una de las pruebas incriminatorias las publicaciones del expresidente en las redes sociales, sobre todo los colgados en la red de Twitter la ahora rebautizada X por Elon Musk, como prueba o apoyo a los cargos de extorsión.
Trump y el resto de los acusados de injerencia electoral en el Estado de Georgia, en total son 19 imputaciones. Se enfrentan a ley RICO contra la delincuencia organizada y asociaciones corruptas. Concebida para luchar contra la mafia y otros grupos criminales la norma impone duras penas de prisión, hasta 20 años de cárcel como máximo y 5 en su franja más baja. Trump y el resto de los acusados tienen hasta el viernes 25 de agosto a las 12 de la mañana, las 19:00 hora española para presentarse físicamente ante el tribunal y asistir a una audiencia en la que se les leerán los cargos para que puedan declararse como corresponda, culpables o no
Donald Trump se ha convertido en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar cargos penales por sus acciones antes y después de dejar el cargo. El 31 de marzo de 2023, un gran jurado en Nueva York votó a favor de imputarlo por siete delitos relacionados con el pago secreto de 130.000 dólares a la actriz porno Stormy Daniels en 2016, para que no revelara una supuesta aventura extramarital con él.
Los fiscales acusan a Trump de falsificar registros comerciales, fraude fiscal, fraude bancario y violación de la ley electoral, al intentar ocultar el origen y el destino del dinero que le dio a Daniels. Según la acusación, Trump usó su empresa, la Organización Trump, para canalizar los fondos a través de su abogado personal, Michael Cohen, quien ya se declaró culpable de los mismos cargos en 2018 y cooperó con la investigación.
Trump ha negado haber cometido ningún delito y ha calificado la imputación de "cacería de brujas" motivada políticamente por el fiscal de distrito de Nueva York, Alvin Bragg, un demócrata. Sus abogados han anunciado que presentarán una moción para desestimar el caso, argumentando que se basa en evidencias débiles y que viola el plazo de prescripción de cinco años para los delitos financieros.
Estos procesos legales podrían tener un gran impacto en el futuro político de Trump, que se barrunta es el candidato republicano que más papeletas tiene para optar por la candidatura a la presidencia en 2024. Y aunque no hay ninguna ley que le impida hacerlo mientras esté imputado o incluso condenado, su imagen pública podría verse seriamente dañada por las revelaciones que salgan a la luz durante los juicios. Además, podría perder el apoyo financiero y político de sus aliados y donantes, así como el acceso a las redes sociales y los medios de comunicación.
Trump se enfrenta así al mayor desafío legal de su vida, que podría poner fin a su carrera política y afectar su legado como expresidente.