ABOGADO DE JULIAN ASSANGE
Baltasar Garzón, lidera el equipo de abogados de Julian Assange y en su comparecencia pública ha reiterado que su cliente "simpre ha luchado por la libertad y la justicia y seguirá haciendolo". Además ha añadido que el fundador de WikiLeaks ha instruido a su equipo de defensa para que sigan luchando tanto por los derechos de Assange como por los de todo el equipo de la web a la que representa.
El periodista sueco ha dado órden al líder de sus abogados que "inice las acciones legales que considere necesarias para reclamar sus derechos y los de Wikileaks, que están siendo violentados tanto en los aspectos legales como en los financieros" según anunció el propio letrado.
Garzón también ha dicho que su cliente se encuentra "fuerte de espíritu" y ha reiterado que en ningún momento se ha negado a declarar, pero lo hará cuando se garanticen sus derechos. El exmagistrado español ha querido transmitir de la misma manera el agradecimiento de su cliente hacia el presidente de Ecuador, porque concediélndoles el asilo se está de alguna manera según sus palabras "dando la razón a lo que estabamos defendiendo, que hay una persecución sobre mi cliente" ha apostillado.
Assange, de 41 años, lleva refugiado en la legación ecuatoriana desde el pasado 19 de junio, cuando se personó en el edificio solicitando ayuda al Gobierno de Rafael Correa, violando a la vez los requisitos de su arresto domiciliario. A falta de una resolución, la situación de Assange ha tensado las relaciones entre el Gobierno británico y Ecuador, que consideró que el Reino Unido "amenazó" a ese país con ampararse en una ley para irrumpir en su embajada y proceder a la detención del australiano.
En medio de esta crisis diplomática, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, calificó de "grosera e intolerable" esa "amenaza" que asegura que Londres hizo en una carta. Correa insiste en que su país adoptó una decisión "soberana" al otorgar el asilo a Assange por falta de garantías por parte del Reino Unido y Suecia para que no se le entregue a un tercer país donde su vida podría correr peligro o donde no se le garantice un debido proceso.