EEUU | DENOMINADA LEY DE SUPRESIÓN DE LOS SODOMITAS

La Fiscalía de California trata de evitar una propuesta popular para matar a homosexuales

La Fiscalía General de California ha exigido que se detenga una propuesta popular destinada a autorizar el asesinato de homosexuales ya que "es inconstitucional, totalmente censurable y no tiene cabida en una sociedad civil". La iniciativa, que de reunir suficientes firmas sería votada por los californianos en 2016, establecería que "cualquier persona que toque a otra del mismo sexo para obtener gratificaciones sexuales debería morir con balazos en la cabeza o por cualquier otro método conveniente".

La fiscal general de California, Kamala Harris, exigió a la Corte Suprema del Estado que detenga una propuesta popular destinada a autorizar el asesinato de homosexuales, confirmó un portavoz de la oficina del fiscal. La fiscal afirmó en un comunicado que la propuesta, impulsada por el abogado Matt McLaughlin, "no solo amenaza la seguridad pública, sino que también a todas luces es inconstitucional, totalmente censurable y no tiene cabida en una sociedad civil".

Harris, del partido demócrata, pidió a la Corte Suprema que anule esta propuesta, que han denominado Ley de Supresión de los Sodomitas, pues ella no tiene autoridad para legislar sobre las iniciativas legislativas populares que puede impulsar cualquier ciudadano de Estados Unidos para que sean votadas en plebiscito.

La iniciativa, que de reunir suficientes firmas sería votada por los californianos en 2016, establecería que "cualquier persona que toque a otra del mismo sexo para obtener gratificaciones sexuales debería morir con balazos en la cabeza o por cualquier otro método conveniente".

"El abominable crimen contra la naturaleza conocido como sodomía es un mal monstruoso que Dios todopoderoso, dador de libertad, nos ordena reprimir so pena de nuestra destrucción total, así como destruyó Sodoma y Gomorra", recoge el texto de la iniciativa popular, que tiene pocos visos de prosperar.

El proyecto legislativo también prevé una multa de un millón de dólares, 10 años de prisión o la expulsión del estado para aquellos que hagan "propaganda de la sodomía". El abogado que ha impulsado el proyecto tuvo que pagar 200 dólares para poder iniciar la recogida de firmas (en torno a medio millón, aproximadamente), que impulsen la celebración de un referendo.

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