CRISIS EN VENEZUELA
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, ha señalado que para el Gobierno de Nicolás Maduro "todo el país es terrorista" y aseguró que lo que existe es "terrorismo de Estado" al tiempo que resaltó que "se perdió el derecho a manifestar" y se enjuicia a civiles en la jurisdicción militar. "Aquí parece que todo el país es terrorista, un alto porcentaje del país es terrorista (...) yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar", afirmó.
Ha asegurado que no es cierto que la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de mayoría opositora, se encuentre en desacato, como lo ha sentenciado el Supremo y aseguró que esta calificación solo aplica a personas y no a instituciones.
"Yo lo denuncié aquí y ustedes diputados no reaccionaron porque ustedes no se han dado cuenta que ustedes no están en desacato, eso no existe, el desacato es un delito (...) que solo se le puede aplicar a las personas, no se le puede aplicar a las instituciones", señaló la fiscal en conferencia de prensa.
La funcionaria dijo que los diputados "no hicieron nada" después de que ella supuestamente les advirtiera que era falsa su condición de ilegalidad declarada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a principios de 2016, casi desde que inició su período. "El desacato lo cometen las personas, quienes son ilegítimos son los magistrados y magistradas del TSJ, esos no toleran una auditoría, en consecuencia, no tienen fuerza de ley, no están apegados a la Constitución", señaló.
Ortega reiteró que no permitirá que la Carta Magna sea derogada a través de la Asamblea Nacional Constituyente que impulsa el presidente, Nicolás Maduro, y pidió a los venezolanos que salgan a defenderla. La situación de conflicto entre la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y el TSJ se inició pocos días después de que se celebraran las elecciones legislativas del 6 de diciembre de 2015 en las que resultaron electos 112 diputados opositores frente a 55 del oficialismo.
El 23 de diciembre de ese año la Cámara, aún en manos del chavismo, designó a 13 jueces principales y 20 suplentes en una apurada sesión. La oposición consideró fraudulento ese proceso y estimó que los magistrados elegidos no cumplían con los requisitos para ejercer esos cargos, una acusación que hoy en día acompaña la fiscal que recientemente introdujo un recurso para anular la designación de estos jueces.
Las declaraciones de la fiscal se producen mientras en Venezuela se desarrolla una ola de protestas a favor y en contra del Gobierno que hasta hoy ha dejado 77 fallecidos, según la Fiscalía y más de mil heridos.