EEUU
Jack Smith alega que los presuntos delitos habrían sido cometidos en condición de candidato y no de presidente.
En la campaña presidencial estadounidense los dos partidos salían con dos problemas estructurales que en cualquier momento podían presentarse y tener consecuencia importantes.
En el caso de los demócratas, ese hándicap estratégico era la percepción general de que el candidato estaba demasiado mayor como para volver a presentarse a las elecciones. Y, efectivamente, el problema ha estallado y ha tenido la mayor consecuencia posible causándole a Biden una retirada forzada.
En el caso de los republicanos, el hándicap estratégico de su campaña son los problemas legales del candidato. Trump ya ha sido condenado en dos procedimientos en Nueva York y tiene pendientes otros tres serios casos criminales, el de los documentos secretos, el del asalto al Congreso y el de un posible delito electoral en el estado de Georgia.
Trump ha conseguido, por ahora, controlar las consecuencias de estas serias vicisitudes legales. Las dos condenas no se han traducido por ahora en nada inmanejable -una es una multa que el candidato ha conseguido pagan financiándola y la otra ha quedado por ahora en suspenso hasta el 18 de septiembre.
Pero, además, hay un elemento añadido crucial: la Corte Suprema sentenció el 1 de julio que, en cuando presidente en ejercicio en el periodo de los hecho juzgados, Trump se puede beneficiar de inmunidad presidencial en todo aquello que tenga carácter oficial.
Por eso la acusación contra él por quedarse con documentos secretos y, por otro lado, por el asalto al Congreso han quedado momentáneamente en suspenso.
Con los documentos secretos, la jueza ha suspendido el caso y el fiscal especial acaba de presentar una apelación para que el caso se reabra. Incluso si lo consigue, habría una nueva apelación por parte de Trump y, por tanto, es imposible que, en cualquier caso, haya juicio alguno antes de las elecciones.
Con el caso del asalto al Congreso, el fiscal acaba de volver a presentar los cargos presentando al presunto culpable -Trump- no como presidente sino como candidato y ciudadano privado. De ese modo, el fiscal intenta que Trump no se pueda beneficiar de la inmunidad presidencial.
Lo único que ha hecho el fiscal son dos pasos. Uno, reescribir las acusaciones cambiando al sujeto de la acción, el presunto culpable, al que se describe como “candidato Donald Trump”. Dos, omitir las partes del caso en el que Trump se relacionaba con funcionarios o cargos oficiales porque son interacciones en las que, como presidente, sí se puede entender que tiene inmunidad.
Naturalmente, Trump ha reaccionado de manera doble de modo inmediato: acusando de interferencia electoral justo antes de las elecciones (porque queda poco más de dos meses) y alegando que el nuevo escrito del fiscal no es más que un truco legal fatuo.
Aún no se sabe en qué quedará este nuevo intento del fiscal pero sí es posible sacar ya tres conclusiones importantes: una, pase lo que pase, no hay tiempo para que haya ningún juicio antes de las elecciones; segunda, Trump tiene pendiente serios problemas legales que continuarán adelante si no gana las elecciones y nombra a un fiscal general que destituya al fiscal especial que le acusa; y tercera y más importante: los problemas legales de Trump seguirán en activo hasta las elecciones e incluso si no hay juicio alguno sí habrá revelaciones y sorpresas con potencial de influir en las elecciones, al menos en el pequeño porcentaje de votantes indecisos que preferirían no tener un presidente perseguido por la Justicia. Pero a estas alturas ese porcentaje es ciertamente bajo y, sobre todo, aún no se ha visto nada nuevo con capacidad de dañar a Trump.
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