Evo Morales
El expresidente denuncia una persecución política para evitar que se postule como candidato presidencial en 2025.
El expresidente de Bolivia, Evo Morales, se encuentra en el ojo del huracán judicial después de que la fiscalía boliviana lo investigue por una denuncia que lo acusa de haber tenido un hijo con una adolescente de 15 años en 2017, cuando todavía era presidente. Morales está siendo investigado como delito de estupro.
El Ministerio de Justicia del país se ha sumado a la investigación. El titular de la cartera, César Siles, ha indicado que como parte denunciante pedirá al Tribunal Constitucional la revocatoria de la decisión judicial que anuló la orden de detención de Morales. Asimismo, solicitará a la Fiscal que investigue a jueces que habrían favorecido al expresidente, según ha informado la agencia de boliviana de información (ABI).
El actual presidente de Bolivia, Luis Arce, ha anunciado que solicitará que la investigación sobre trata y tráfico de personas contra Morales. Asegura que es un "tema sumamente delicado" porque "está de por medio una menor".
Los seguidores de Morales alegan una "persecución política" en su contra y aseguran que es un plan del Gobierno para que el exmandatario no se postule como candidato presidencial en las elecciones de 2025. El propio Morales ha asegurado que "todos los gobiernos neoliberales, incluido el actual", le han amenazado, perseguido o encarcelado. "No me callarán. No tengo miedo. Seguiré luchando junto a nuestro pueblo, junto a mis hermanas y hermanos que nunca me abandonaron", ha indicado en X, antes Twitter.
"Podrán silenciar mi voz, podrán matarme pero jamás lograrán silenciar la voz del pueblo que hoy siente hambre y desesperación, porque la traición sólo destruyó la estabilidad económica, social y política que tuvo Bolivia", ha manifestado.
El caso ha causado polémica después de que una exfiscal acusara al fiscal general, Juan Lanchipa, de estar protegiendo a Morales en el marco del caso y denunciara que había sido destituida del cargo por ordenar su detención. Por su parte la jueza de la región de Santa Cruz que "desactivó" la orden de captura, Lilian Moreno, denunció a los medios bolivianos que "recibió presiones" para hacerlo y aseguró que el caso "no está cerrado".
La denuncia fue filtrada a los medios, donde se indica que cuando Morales era presidente creó una "guardia juvenil" conformada por jóvenes de 14 y 15 años a la que nombró "Generación Evo". Morales habría firmado, según el documento, como padre el acta de nacimiento de un bebé nacido en 2018, cuando la madre tenía 16 años. La víctima denunció la violación del expresidente cuando ella tenía 15 años y era parte de la "Generación Evo".
La denuncia llega después de que el Gobierno de Argentina decidiera quitarle el estatus de refugiado del que gozaba desde diciembre de 2019. El Ministerio de Justicia de Argentina informó en un comunicado "que cesó el estatus de refugiado otorgado al expresidente boliviano Juan Evo Morales Ayma" debido a que "fue utilizado indebidamente como herramienta política" por el expresidente argentino Alberto Fernández.
El Gobierno de Fernández consideró a Morales como un "perseguido", pero le concedió el refugio con la condición de que no hiciera declaraciones políticas desde Argentina. El Ministerio de Justicia argentino aseguró que llegó al país tras huir de Bolivia pero que, desde entonces, "ha retomado su liderazgo en la política boliviana, actualmente gobernada por un dirigente de su partido político y ha viajado libremente a su país de origen. Esto demuestra que no enfrenta los peligros que justifican la protección humanitaria del refugio", señala el comunicado.
"Este Gobierno de ninguna manera utilizará los recursos de los argentinos para proteger a criminales, terroristas o intento de dictadores", concluye.
No es la primera investigación hacia el expresidente de Bolivia. El caso más reciente fue por tráfico de influencia en el que acusaban a su exnovia Gabriela Zapata de usar los predios de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia para hacer tratos ilegales con empresarios.
Asimismo varios casos contra Morales fueron abiertos por el Gobierno interino de Jeanine Áñez, entre ellos uno por estupro y relaciones con menores. La acusación se basaba en fotografías y mensajes de móvil con una menor que supuestamente presentaba un flujo migratorio no explicado a México y Argentina.
En Bolivia, el delito de estupro es la relación consentida de un adulto y un menor de edad. Se trata de un delito de orden privado, por lo que para que un proceso se active se requiere de la denuncia de la víctima o de sus padres.
El Gobierno de Luis Arce planteó su eliminación e incluirlo como violación. Al ser considerado otra forma, la condena en Bolivia es de 15 a 20 años de prisión.
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