Pacto Migratorio
La Eurocámara da luz verde a un nuevo Pacto de Migración y Asilo, después de 8 años de duras negociaciones y disputas entre países. La norma endurece las condiciones de entrada en la UE y agiliza los retornos. Asociaciones de derechos humanos protestan ante la creación de lo que han llamado 'Europa fortaleza', que creen que no respeta los derechos de los migrantes.
El Parlamento Europeo ha aprobado de manera muy ajustada los diez textos legislativos que suponen una reforma total de la política europea de migración y asilo. Han sido necesarios muchos años de negociaciones y enfrentamientos entre capitales, que incluso han dejado cicatrices en la relación entre algunos socios comunitarios.
"Hoy es un día histórico. Después de años de trabajo, el pacto migratorio es una realidad, es un logro importantísimo para Europa", resumía eufórica la presidenta de la Comisión Europea. "Aquellos que no tengan derecho de asilo, no estarán autorizados a entrar en la Unión Europea, pero los que huyan de una guerra o sean perseguidos recibirán la protección que necesitan", señalaba Úrsula Von der Layen tratando de defenderse de las críticas de aquellos que creen que atenta contra los derechos de los migrantes.
El Pacto contempla un examen más rápido de las solicitudes de asilo, retornos más efectivos y normas mucho claras sobre cómo actuar en situaciones de crisis. Se quieren evitar momentos de descontrol como los vividos hasta ahora, cuando se apelaba a un "sálvese quien pueda" ante olas migratorias inesperadas. El acuerdo busca un difícil equilibrio entre solidaridad y responsabilidad. Según las autoridades europeas, "la norma será justa con los que deben recibir protección internacional, será firme con los que no, y será dura contra los traficantes de personas".
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, celebraba la luz verde, pero reconocía: "este pacto no va a resolver de manera mágica todos los problemas de la noche a la mañana, pero sí da un paso de gigante hacia delante. Reducirá la lentitud de los procesos y aumentará la coordinación entre países. Ningún estado estará solo ante una emergencia".
Una de las cuestiones más difíciles de cuadrar ha sido la responsabilidad que tendrá cada estado ante un momento de tensión migratoria. El texto fija por ley la "solidaridad obligatoria", es decir, se exigirá a todos los estados miembros implicarse acogiendo un número de migrantes determinado en su territorio o contribuyendo con ayudas financieras fijas (20.000 euros por cada migrante rechazado).
Estamos ante el pacto más difícil de toda la legislatura y que se ha aprobado cuando apenas quedan dos plenos del Parlamento. Ha costado mucho llegar a este acuerdo, que refuerza el control de las fronteras y da más poder a los estados.
Una de las críticas recibidas, apunta a que se podrán recoger los datos de quienes lleguen irregularmente a la UE, incluidas huellas dactilares e imágenes faciales, de cualquier persona a partir de los seis años. Con esos datos se conformará la base de datos Eurodac, en la que figurará si alguien puede suponer una amenaza para la seguridad, si es violento o si va armado.
Algunas ONG han criticado el Pacto porque consideran que no se respetan los derechos de los migrantes y que Bruselas trata de crear una "Europa fortaleza". Dicen que el pacto "pretende legalizar las mayores vulneraciones y represiones contra personas que huyen de conflictos armados".
La oposición a este polémico Pacto se ha visto durante todo el día en Bruselas, tanto en la puerta de la Eurocámara, como en la tribuna del hemiciclo, donde un grupo de manifestantes, justo en el momento de comenzar a votar, ha comenzado a gritar: "este pacto mata, vota no"... los eurodiputados, atónitos, han vuelto sus cabezas sobre la tribuna de invitados y la sesión se ha tenido que detener durante varios minutos. La presidenta de la cámara no ha querido suspender la sesión, alegando, a micrófono abierto, que "este es un momento soberano del Parlamento, es un punto central de toda la legislatura y se debe permitir votar a los miembros de la cámara con total serenidad".
En la calle, varios cientos de manifestantes también protestaban escoltados por la policía. Llegados desde Alemania, Italia, España o Bélgica. Ana Isabel Martínez, portavoz de la sociedad civil contra el Pacto de Migración, nos decía que "este pacto es una aberración en derechos humanos. No ha habido un atropello igual desde que se creó el derecho de asilo tras la segunda guerra mundial".
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