DE ACUERDO CON EL GÉNERO CON EL QUE SE IDENTIFICAN
El Gobierno de EEUU ha emitido una directiva en la que instruye a todas las escuelas públicas del país para que permitan a los alumnos transexuales que usen los baños que prefieran, de acuerdo con el género con el que se identifiquen. "No hay espacio en nuestras escuelas para discriminación de ningún tipo, incluida la discriminación a los estudiantes transexuales", afirma en un comunicado la fiscal general de EEUU, Loretta Lynch, al presentar la directiva, emitida de forma conjunta por los departamentos de Justicia y Educación.
La directiva se publica en medio de la polémica surgida por una ley del estado de Carolina del Norte que obliga a los transexuales a usar los baños de edificios públicos de acuerdo con el sexo que figura en su certificado de nacimiento.
En el documento, dirigido a todos los colegios públicos del país, el Gobierno del presidente Barack Obama subraya que, bajo el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972, las escuelas que reciben fondos federales no pueden discriminar por razones de sexo a los estudiantes. Por ello, aunque la directiva no tiene rango de ley, las escuelas que no la cumplan pueden verse abocadas a perder los fondos federales que reciben e incluso enfrentarse a demandas gubernamentales.
Según la norma, cuando un estudiante o sus progenitores notifiquen un cambio en el sexo con el que el alumno se identificaba previamente, la escuela debe actuar en consecuencia y respetar esa nueva identidad. Los que se oponen a medidas como la directiva anunciada advierten del peligro que supone permitir a varones de nacimiento que se identifican como mujeres acceder a baños en los que puede haber niñas pequeñas.
El pasado lunes, el Departamento de Justicia presentó una demanda contra Carolina del Norte y su gobernador, el republicano Pat McCrory, por una ley de ese estado contra la comunidad de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGBT) que obliga a usar los baños públicos de acuerdo con el sexo indicado en el certificado de nacimiento. La acción del Departamento de Justicia pretende evitar que se pueda aplicar la ley y se produjo horas después de que el gobernador McCrory interpusiera, a su vez, una demanda contra el Gobierno federal en la que asegura que la norma "no es discriminatoria".