informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
España concedió protección internacional a 6.855 personas en 2016, seis veces más que el año anterior, en el que se registraron 1.025 casos. Se trata de la cifra más elevada desde la aprobación de la Ley de Asilo de 1984, según la décimoquinta edición del informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que advierte, no obstante, de que en la gran mayoría de los casos el tipo de protección es subsidiaria o temporal (6.500) y sólo se dio estatuto de refugiado a un total de 355 personas, es decir, el 3,4%.
En 2016 se registraron 15.755 solicitudes de asilo en España, 894 más que el año anterior
El documento constata que en 2016 se registraron 15.755 solicitudes, 894 más que el año anterior y que se resolvió el 65%, un tercio desfavorables. De las favorables (67%) se beneficiaron sobre todo personas que huían de la guerra civil en Siria (6.215). A este incremento del reconocimiento se unió un aumento del número de expedientes resueltos, un hecho que CEAR valora de forma "muy positiva", ya que de los 3.240 concluidos en 2015 se pasó a 10.250 en 2016.
El reconocimiento del estatuto de refugiado apenas alcanzó a 355 personas, frente a las 220 de 2015, el 3,4% del total de las afectadas por las solicitudes resueltas y que, según esta organización, es un porcentaje "muy alejado" de los de otros países del entorno: Alemania (41%) o Francia (21%).
"Es positiva la protección internacional que el Gobierno otorgó a las personas refugiadas de Siria, pero también es preocupante que niegue el mismo trato a quienes huyen de otros países igualmente sumidos en graves conflictos armados o que padecen una violencia indiscriminada", alerta CEAR.
En este sentido, explica que mientras España otorga alguna forma de protección internacional al 90% de las solicitudes de personas sirias --aunque solo en el 0,8% de los casos se trata del estatuto de refugiado--, al 100% de personas iraquíes y al 90% de las procedentes de Somalia, "apenas" lo hace con el 15% de las llegadas de Ucrania y con ninguna de las procedentes de Venezuela, Colombia, Malí, Honduras o El Salvador.
Esta organización también destaca el reconocimiento del estatuto de refugiado a 12 mujeres y sus hijos menores víctimas de trata con fines de explotación sexual en el último trimestre de 2016, una decisión que califica de "gran avance". Sin embargo, ve "preocupante" que, al igual que sucedió en 2015, el Ejecutivo rechazó otorgar la residencia por razones humanitarias a las 3.395 personas que vieron denegada su solicitud de protección internacional, un mecanismo previsto en la Ley de Asilo.