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Escándalo de espionaje en Italia: una red vinculada a la mafia accede a datos de Meloni y otros políticos

Una red de espionaje con presuntos vínculos con la mafia y agencias extranjeras ha sacudido a Italia tras descubrirse su acceso ilegal a bases de datos de la Policía y su espionaje a la primera ministra Giorgia Meloni y otros altos cargos.

Italia enfrenta una crisis de seguridad nacional sin precedentes tras destaparse una vasta red de espionaje que accedió ilegalmente a datos sensibles de altos funcionarios, incluida la primera ministra Giorgia Meloni, el presidente del Senado Ignazio La Russa, y hasta el presidente de la República, Sergio Mattarella. La red, vinculada tanto a la mafia como a servicios de inteligencia extranjeros, pudo acceder a la base de datos de la Policía y sustraer información crítica de diversas personalidades y ciudadanos. Las dimensiones de la operación han alarmado a la clase política, mientras se pide un endurecimiento de las leyes contra la piratería informática.

La investigación, encabezada por la Fiscalía de Milán, ha identificado a 60 sospechosos implicados, entre los que destacan figuras como Enrico Pazzali, presidente de la Feria de Milán, el ex policía Carmine Gallo y el hacker Samuele Calamucci, quienes, en conjunto con otros funcionarios, accedían a sistemas estratégicos del Estado mediante credenciales internas.

Según los fiscales, la red estaba estructurada para suministrar informes personalizados y comercializar información confidencial a importantes empresas nacionales y extranjeras, así como a bufetes de abogados, a cambio de cuantiosos pagos.

En el centro de la operación se encuentra la agencia privada Equalize, que acumuló 3,1 millones de euros mediante la venta de información sustraída, según un informe preliminar difundido por los Carabineros. Estos datos se obtenían del sistema de inteligencia del Ministerio del Interior (SDI), el cual aloja información clave de ciudadanos, instituciones y personalidades públicas. La red habría conseguido, mediante su acceso a esta base de datos, robar hasta 800.000 informes confidenciales, incluyendo correos dirigidos a las más altas autoridades italianas, lo que despertó el temor de que esta información pueda haber llegado a mafias locales o a agencias de inteligencia extranjeras.

El fiscal de Milán, Marcello Viola, declaró que la gravedad de esta red recae en su potencial capacidad para "mantener bajo control" a instituciones y ciudadanos de forma coactiva. Por su parte, Giovanni Melillo, fiscal nacional antimafia, advirtió que el caso es "extremadamente alarmante" para la democracia y seguridad del país, dado que la red contaba con el respaldo de funcionarios con acceso a datos estratégicos del Estado.

Este no es un caso aislado, ya que en los últimos años se han registrado varios incidentes de espionaje en Italia, incluyendo el reciente arresto de un teniente de la Guardia de Finanza acusado de apropiarse de datos confidenciales entre 2019 y 2020. Sin embargo, este escándalo se destaca tanto por su magnitud como por la presencia de figuras relevantes en el sector público y privado.

Ante la gravedad de los hechos, diversas fuerzas políticas han exigido medidas drásticas para reforzar la seguridad informática de las instituciones estatales. Guido Crosetto, ministro de Defensa, se mostró alarmado y advirtió que lo descubierto podría ser "solo la punta del iceberg". En respuesta, la Liga, partido de ultraderecha y miembro de la coalición gubernamental, ha anunciado que impulsará un proyecto de ley para sancionar más severamente los delitos de violación de privacidad, especialmente aquellos con fines de extorsión.