Estados Unidos
Aunque amenazó con que sería del 15%, Donald Trump no ha emitido la orden directiva necesaria y la tasa global impuesta finalmente será del 10%.
El arancel general del 10% aprobado por el presidente estadounidense, Donald Trump, ya está en vigor. La medida marca el arranque de una nueva ofensiva comercial de la Casa Blanca, diseñada para sostener la agenda proteccionista del mandatario tras el varapalo judicial que dejó sin efecto sus anteriores tarifas.
Trump firmó la orden ejecutiva el viernes pasado, pocas horas después de que el Tribunal Supremo invalidara los aranceles originales. Aunque el presidente dejó entrever la posibilidad de elevar el gravamen hasta el 15%, lo cierto es que, por ahora, no existe una directiva oficial que respalde ese aumento. Así, la tasa del 10% es la única que se aplica desde la medianoche en Washington.
Esa falta de definiciones claras ha generado desconcierto en los mercados internacionales. Gobiernos y empresas revisan contrarreloj sus acuerdos comerciales para calibrar el impacto de las últimas amenazas arancelarias. En este contexto, socios estratégicos como la Unión Europea y India han optado por congelar negociaciones en curso hasta contar con mayor certidumbre.
La Casa Blanca justifica la aplicación del arancel del 10% en el artículo 122 de la Ley de Comercio de 1974, una disposición que permite al presidente imponer tarifas durante un máximo de 150 días sin el respaldo del Congreso. Trump recurrió a esta vía tras el fallo judicial que concluyó que había excedido sus competencias al utilizar poderes de emergencia para imponer los llamados aranceles “recíprocos”.
La nueva orden conserva varias exenciones relevantes. Entre ellas, las que afectan a los productos que cumplen el acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, así como determinadas excepciones para productos agrícolas ya contempladas en el esquema arancelario previamente anulado.
Desde el entorno del presidente insisten en que los aranceles seguirán siendo una pieza clave de su política comercial. Para sostener esta estrategia, la administración planea activar investigaciones aceleradas que permitan imponer nuevas tarifas de forma unilateral, con el objetivo de reconstruir el marco arancelario que, a su juicio, quedó desmantelado tras la sentencia.
Entre las opciones legales disponibles, Trump ha señalado de forma explícita la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962. Este mecanismo, basado en argumentos de seguridad nacional, ya se utiliza para imponer aranceles a sectores como el automovilístico o el siderúrgico. Sin embargo, requiere investigaciones previas y no puede aplicarse de manera indiscriminada.
En este marco, la administración se prepara para analizar el impacto de las importaciones de diversos productos industriales, entre ellos baterías, equipos de telecomunicaciones, redes eléctricas, tuberías de plástico y determinados productos químicos. Estas investigaciones, aún no anunciadas oficialmente, podrían dar lugar a nuevos aranceles, aunque su tramitación podría prolongarse durante meses.
La Unión Europea decidió suspender la ratificación de su acuerdo con Estados Unidos hasta que se definan los planes arancelarios, mientras que India ha aplazado las conversaciones previstas esta semana en Washington. Trump, por su parte, volvió a advertir de posibles represalias comerciales contra los países que, según él, pongan en riesgo los acuerdos existentes.
También desde Europa han reclamado mayor claridad. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, subrayó que ofrecer certidumbre es “esencial” para el buen funcionamiento del comercio mundial. La eventual subida del arancel al 15% ha generado inquietud incluso entre aliados tradicionales como el Reino Unido, que había pactado una tasa del 10% y podría ver deteriorada la posición de sus exportadores.
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