FACILITARÁ EL DESPIDO
La fragilidad del Ejecutivo francés a un año de las próximas elecciones presidenciales quedó hoy de nuevo en evidencia después de que el primer ministro, Manuel Valls, anunciara que va a evitar el voto de la Asamblea Nacional para aprobar su controvertida reforma laboral.
La previsible falta de apoyos a ese proyecto de ley defendido por la ministra de Trabajo, Myriam el Khomri, llevó a convocar la tarde del martes un Consejo de Ministros extraordinario que autorizó recurrir al artículo 49.3 de la Constitución.
Valls explicó en la sesión de control al Gobierno que opta por ese instrumento "porque la reforma debe adoptarse, el país debe avanzar y las relaciones salariales y los derechos de los trabajadores deben progresar".
La oposición a ese texto comenzó desde que a mediados de febrero se filtraran algunas disposiciones y ha tenido su reflejo en las calles en las numerosas manifestaciones y huelgas convocadas por sindicatos y organizaciones estudiantiles, algunas de ellas con disturbios entre militantes antisistema y fuerzas del orden.
Recurrir al artículo 49.3 implica que el proyecto de ley queda aprobado en primera lectura en la Cámara baja salvo que la oposición presente una moción de censura dentro de las 24 horas siguientes, algo que conservadores y centristas ya han hecho y que se debatirá el jueves.
En caso de que una mayoría absoluta censurara al Gobierno, este se vería obligado a dimitir. Pero, de superar la moción, el texto irá al Senado para una primera lectura en esa cámara y, si hay discrepancias, pasaría de nuevo a la Asamblea, donde el Ejecutivo socialista podría servirse de nuevo de ese artículo.
La última vez que recurrió a él fue en 2015 con la ley de liberalización económica más conocida como "ley Macron", por el nombre de su autor, el ministro de Economía, Emmanuel Macron.
Ese proyecto de ley, otro de los pilares del Gobierno para el presente curso político, preveía ampliar de 5 a 12 los domingos al año en que los comercios pueden abrir, además de otras disposiciones para la desregulación de profesiones liberales como los notarios.
El último proyecto, para Valls, crea nuevos derechos para los empleados y flexibiliza el mercado laboral, pero sus detractores ven en él un paso atrás, según los sindicatos, o un paquete de medidas inútiles, según la oposición, para revertir una tasa de paro que supera el 10 %.
Ni siquiera la patronal, una de sus pocas partidarias en sus inicios, ha mantenido su apoyo, al considerar que su última versión dista mucho de la inicial.