SIN QUE HAYA LLEGADO A ENTRAR EN VIGOR
Los ocho jueces del Tribunal Supremo de Estados Unidos empataron en su decisión sobre las medidas migratorias del presidente, Barack Obama, con lo que asestaron un duro revés al mandatario y dejaron en el limbo a casi cinco millones de inmigrantes indocumentados. La división del Tribunal Supremo supone un duro golpe para Obama y para los millones de inmigrantes que se habrían beneficiado de esas medidas migratorias decretadas en noviembre de 2014 mediante acciones ejecutivas y dirigidas a jóvenes indocumentados y padres con hijos con residencia permanente o ciudadanía estadounidense.
De esta forma, el alto tribunal frustra cualquier intento del Gobierno de Obama para frenar la deportación de casi cinco millones de inmigrantes indocumentados y deja la política migratoria en manos del Congreso y del próximo inquilino de la Casa Blanca, que será elegido en noviembre. Tras conocer el fallo, el propio Obama descartó volver a actuar para regular el sistema migratorio e instó por enésima vez al Congreso a actuar para reformarlo. "La sentencia está dictada por un tribunal dividido a partes iguales", reza una breve notificación judicial.
En su nota, los jueces no explican los motivos de la decisión sobre las medidas migratorias de Obama, que fueron bloqueadas el pasado febrero, un día antes de su entrada en vigor, a petición de 26 estados liderados por Texas y en su mayoría con gobernadores republicanos. La inesperada muerte en febrero del juez conservador Antonin Scalia dejó vacante un asiento en el Tribunal Supremo, compuesto normalmente por nueve jueces, y abrió la posibilidad de un empate entre los ocho magistrados restantes, divididos en cuatro jueces liberales y otros cuatro conservadores.
La división mantiene en vigor el bloqueo dictado por una corte anterior, la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, con sede en Nueva Orleans, aunque no establece ningún precedente legal que pueda afectar a todo el país. Como no se sienta un precedente legal nacional, diferentes individuos y organizaciones podrían interponer demandas en los distritos judiciales en los que no tiene competencia la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, es decir, en todo el país menos en los estados de Luisiana, Misisipi y Texas.
"La decisión hace posible que haya individuos que presenten demandas en otras partes del país, pero no está claro cómo reaccionarían estas cortes", explicó la analista jurídica Brianne Gorod, del Centro de Responsabilidades Constitucional. "No está claro si respetarían la decisión de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito o si fallarían en otro sentido. Francamente este fallo genera mucha confusión legal", añadió Gorod.
Los jueces no se pronunciaron sobre uno de los temas principales del caso: si Obama se excedió o no en su capacidad ejecutiva al promulgar por decreto las medidas migratorias, que tienen carácter temporal y permitirían a los beneficiarios frenar su deportación, conseguir un permiso de trabajo y una licencia de conducir. La Casa Blanca ha defendido en varias ocasiones que Obama tiene poder para proclamar los beneficios migratorios, similares a otros promulgados en el pasado por dos expresidentes republicanos, Ronald Reagan y George H.W. Bush.
No obstante, durante todo el proceso judicial, los estados demandantes defendieron que Obama fue demasiado lejos y que el Congreso es el único con capacidad para hacer reformas tan significativas en inmigración. "La decisión de hoy mantiene lo que hemos dicho desde el primer momento: una persona, incluso un presidente, no puede cambiar de forma unilateral la ley", dijo en un comunicado el fiscal general de Texas, Ken Paxton, que consideró la decisión "una victoria para aquellos que creen en la separación de poderes".
El otro aspecto importante del caso y sobre el que no se pronunciaron los magistrados es si Texas tenía capacidad para llevar el caso ante el Tribunal Supremo. En sus demandas, Texas aseguró que las medidas migratorias de Obama impactarían negativamente en sus arcas públicas porque se vería obligado a expedir de manera masiva licencias de conducir a los indocumentados, que pasarían a tener derecho a estos carnés. Ante ese argumento, la Casa Blanca defendió que los estados no podían desafiar las acciones ejecutivas porque, al no haber entrado en vigor, no habían causado ningún daño tangible a los estados y, por tanto, el caso se sustentaba sobre hipótesis y no hechos.
Los demandantes podrán de nuevo buscar el amparo del alto tribunal en el próximo periodo de sesiones del Supremo, desde octubre de 2016 a junio de 2017. La posibilidad de que el Tribunal Supremo decidiera hoy sobre inmigración ha despertado gran expectación y cientos de personas se concentraron ante la corte desde primera hora con pancartas en las que podía leerse: "Justicia y dignidad para los inmigrantes" y "Protejan a nuestras familias".