Tortura y maltrato
En Italia, 10 personas que trabajaban en un centro de discapacitados han sido detenidos acusados de tortura y maltrato.
En la capital italiana, Roma, los carabineros han detenido a 10 trabajadores por maltratar, agredir y torturar a dos pacientes de un centro de discapacitados gestionado por la Cruz Roja.
La Fiscalía ha definido el caso como un "túnel de los horrores", ya que, estos 10 empleados daban bofetones, puñetazos, insultaban y despertaban a la fuerza a dos pacientes en el Centro de Educación Motora. Según medios locales, los abusos se prolongaron en el tiempo hasta que acabó saliendo a la luz.
Al parecer, la primera denuncia se interpuso en abril de 2023 por parte de algunas personas que formaban parte de la organización internacional Cruz Roja. Las alarmas saltaron cuando empezaron a ver que un paciente presentaba un hematoma en la cara y fue en ese momento cuando alertaron a las autoridades italianas. La policía militarizada italiana, los carabineros, investigaron el caso hasta finales de noviembre de 2023. Entre las pruebas obtenidas se encuentran grabaciones con cámaras ocultas que evidenciaron varias escenas de violencia.
Además de los 10 detenidos, de los cuales cinco están acusados de tortura y otros cinco de malos tratos, hay un posible delito de violencia sexual por parte de otro trabajador. Al parecer, llegó a abusar sexualmente de una paciente.
El Juez de Instrucción encargado del caso ha considerado que los sospechosos "no solo ejercieron violencia constante y sin precedentes sobre personas completamente incapaces de reaccionar, sino que acompañaron sus indescriptibles acciones con palabras de burla que estigmatizaron" todavía más a las víctimas.
De momento la investigación sobre el Centro de Educación Motora de Roma no ha concluido. Las autoridades tratan de esclarecer lo ocurrido y de identificar a nuevas victimas si las hubiera.
En la cárcel Cesare Beccaria de Milán, un total de 21 agentes, de los cerca de 50 que trabajan en el centro, fueron acusados de actos de violencia y tortura contra menores que estaban ingresados allí.
Las autoridades que investigaron el caso contabilizaron una docena de víctimas que no querían denunciar los hechos por miedo a un posible encubrimiento. La investigación pudo llevarse a cabo por la implantación de "servicios técnicos de interceptación y la adquisición de cámaras en el interior de la institución". Finalmente, se llegó a dictar orden de prisión preventiva contra 13 agentes de la Policía penitenciaria y suspensión de empleo para otros ocho agentes.
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