A PESAR DE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO AL PAÍS
Las detenciones por motivos políticos en Cuba se elevaron en septiembre a 882, la cifra mayor de los últimos quince meses, y más de un tercio de ellas reportadas antes y durante la visita del Papa Francisco, denunció hoy la opositora Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).
El informe mensual sobre represión política en la isla elaborado por la CCDHRN también denuncia que las agresiones físicas contra los opositores, por parte de agentes policiales y sus colaboradores, aumentaron de manera "abrupta" a 93 casos verificados por esa organización, frente a los 21 registrados en agosto pasado.
Según la comisión que encabeza el disidente Elizardo Sánchez, en septiembre han ocurrido "innumerables acciones de hostigamiento y hechos vandálicos", así como reclusiones domiciliarias y prohibiciones extrajudiciales de movimiento.
Asimismo sostiene que en días previos y durante la visita del Papa Francisco (del 19 al 22 de septiembre), el gobierno de Cuba "desató una verdadera oleada de represión política y social, con un saldo de al menos 353 detenciones preventivas" para impedir que participaran en los encuentros masivos con el pontífice.
Como ejemplo ilustrativo de esa denuncia, la CCDHRN cita el caso de los activistas de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), Zaqueo Báez, María Acon e Ismael Bonet, quienes saltaron los cordones de seguridad y se aproximaron al Papa Francisco poco antes de la misa que ofició en la Plaza de la Revolución de La Habana.
La comisión opositora dijo que propondrá a los tres activistas de UNPACU como posibles "prisioneros de conciencia" para su adopción internacional, tras permanecer "quince días encarcelados, bajo condiciones infrahumanas, en manos de la policía política secreta, sin acceso a abogados defensores y sin cargos formales".
La CCDHRN, el único grupo en la isla que registra y divulga las cifras de estos incidentes en Cuba, registró en su balance de agosto pasado al menos 768 detenciones por motivos políticos.
El Gobierno cubano, por su parte, considera a los disidentes "contrarrevolucionarios" y "mercenarios".