Nueva York
Una mujer ha demandado al alcalde de Nueva York por una presunta agresión sexual que se remonta a 1993.
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha sido demandado por una mujer por una presunta agresión sexual. Para conocer los hechos hay que remontarse hasta 1993, momento en el que el político demócrata ocupaba un cargo dentro del Departamento de Policía del estado estadounidense.
La identidad de la mujer que ha interpuesto la demanda no ha sido revelada. Ha solicitado cinco millones de dólares (4,6 millones de euros) en concepto de los daños y perjuicios en una demanda civil presentada ante el Tribunal Supremo del estado de Nueva York, en Manhattan, según ha explicado Politico y recoge Europa Press.
"No sucedió"
En el escrito, la mujer afirma que se produjeron "lesiones físicas, psicológicas y de otro tipo" que podrían constituir un presunto delito sexual en virtud de la Ley de Supervivientes Adultos, que da la opción de demandar incluso si el delito ha prescrito. "No recuerdo haber conocido nunca a esta persona. Y nunca haría daño a nadie con esa magnitud. No sucedió", ha dicho Adams. Este ostenta el cargo de alcalde tras imponerse en las elecciones de 2021 a su rival republicano, Curtis Sliwa.
Esta demanda se ha producido después de que la Oficina Federal de Investigación (FBI) haya abierto una investigación contra Adams por presuntas irregularidades en la recaudación de fondos para su campaña electoral en relación con una empresa constructora con sede en Brooklyn.
Todo se desencadenó en el año 1993, cuando Eric Adams ocupaba un puesto en el Departamento de Policía del estado estadounidense. La identidad de la denunciante no ha trascendido. Lo que sí se sabe es que ha pedido cinco millones de dólares, unos 4,6 millones de euros.
Al parecer, según relata la mujer, se llegaron a producir "lesiones físicas, psicológicas y de otro tipo". Estas podrían tratarse como un presunto delito sexual en virtud de la Ley de Supervivientes Adultos.
La acusación se ha producido unas horas antes de que terminara una ventana legal de un año para buscar justicia por la vía civil.