Caso Daniel Sancho
La familia de Edwin Arrieta, en una situación económica crítica, exige el pago de los 106.000 euros de indemnización que Daniel Sancho aún no ha abonado, mientras las tensiones legales entre ambas partes aumentan.
La familia del médico colombiano Edwin Arrieta continúa enfrentando una situación económica y emocional límite tras su trágico asesinato a manos de Daniel Sancho el 2 de agosto del año 2023. Según ha explicado Juango Ospina, abogado de los familiares en España, la familia está al borde del colapso, agravado por la falta de los 106.000 euros de indemnización establecidos en la sentencia del joven.
A pesar de que el pago fue determinado por la Justicia, los familiares de Arrieta siguen sin recibir la cantidad que aliviaría en parte la difícil situación económica en la que se encuentran desde el homicidio. La sentencia no es aún firme, ya que los abogados de Daniel Sancho han presentado recursos con el objetivo de reducir tanto la condena como el monto de la indemnización.
El posible traslado de Daniel Sancho a España no es un proceso inmediato ni sencillo, ya que está sujeto a un conjunto de estrictos requisitos legales que deben cumplirse rigurosamente tanto por parte de las autoridades tailandesas como por las españolas.
Un aspecto fundamental para optar al traslado es que el condenado haya abonado íntegramente la indemnización dictada en la sentencia. En este caso, Daniel Sancho debe pagar los 106.000 euros establecidos para la familia de Edwin Arrieta.
Además, debe aceptar los hechos por los que fue condenado, mostrar arrepentimiento y pedir perdón, una práctica que en Tailandia incluye el perdón oficial al Rey, una tradición que forma parte del proceso de rehabilitación y que refuerza la posibilidad de traslados internacionales.
Durante su tiempo en la cárcel tailandesa, Daniel Sancho debe mantener un buen comportamiento. Las autoridades penitenciarias tailandesas evalúan la conducta de los internos para garantizar que aquellos que solicitan traslados o beneficios cumplan con las normas y muestren una actitud positiva que les permita volver.
El primer paso imprescindible es que Daniel Sancho cuente con una sentencia firme y que haya agotado todos los recursos legales posibles en Tailandia. Hasta que no se cumpla esta condición, cualquier posibilidad de traslado queda fuera de consideración, ya que las autoridades tailandesas requieren que el proceso judicial esté completamente cerrado antes de evaluar una solicitud de este tipo.
Otro requisito clave es que Sancho haya cumplido una parte de su condena en Tailandia. Según la legislación tailandesa, para los condenados a cadena perpetua, este periodo mínimo se establece en ocho años. Además, en el momento de solicitar el traslado, debe quedarle al menos un año de condena por cumplir, para garantizar que su regreso a España sea acorde a las condiciones estipuladas por ambos países involucrados.
Daniel Sancho no debe tener abiertos otros procedimientos judiciales, ni en Tailandia ni en España. Esto incluye tantas causas relacionadas con el caso por el que fue condenado como cualquier otro posible delito. La ausencia de litigios pendientes es una condición indispensable para proceder con la solicitud de traslado.
Por último, el traslado de Daniel Sancho estaría sujeto a los tratados bilaterales que existen entre España y Tailandia sobre el traslado de prisioneros. Este proceso requiere coordinación entre ambos países y cada paso debe ajustarse a las normativas internacionales y nacionales que actualmente están en vigor.
Mientras tanto, la familia Arrieta, sin ingresos estables y acosada por deudas, exige que se aceleren los plazos judiciales para poder empezar a reconstruir sus vidas tras la pérdida de Edwin. Desde su defensa, recalcan la urgencia de resolver el caso y cumplir con lo dictado por la Justicia.
Por su parte, los abogados de Daniel Sancho, encabezados por Carmen Balfagón, defienden que están actuando dentro de los plazos legales tailandeses y que no existe incumplimiento alguno, ya que la resolución todavía no es definitiva.
Además, han desmentido otras acusaciones, como la supuesta compra de testigos para perjudicar la imagen de Edwin Arrieta, asegurando que responderán ante los tribunales si estas declaraciones persisten.
En medio de este complejo escenario, la familia Arrieta ha reiterado su deseo de justicia y de que se cumplan las decisiones judiciales para poder avanzar en un proceso que, hasta ahora, solo les ha traído dolor y desesperación.
El conflicto entre ambas partes no solo gira en torno al cumplimiento de la indemnización, sino también sobre las acusaciones de manipulación en el proceso judicial. La defensa de Edwin Arrieta, en colaboración con abogados tailandeses, ha denunciado la supuesta compra de testimonios falsos para distorsionar los hechos relacionados con el crimen.
Uno de los casos más polémicos es el del venezolano Nilson Domínguez, quien afirmó públicamente que Rodolfo Sancho, padre de Daniel, le habría pagado para exagerar su mala relación con la víctima. La defensa de Daniel Sancho ha rechazado estas acusaciones, calificándolas de infundadas y asegurando que presentarán una demanda contra Domínguez en cuanto este ponga un pie en España.
Según Carmen Balfagón, abogada de los Sancho, "estas afirmaciones no tienen ningún fundamento y serán refutadas en los tribunales". Añadió además que intentar actuar legalmente en Venezuela contra Domínguez resultó inviable debido a la complejidad del proceso en ese país. Mientras tanto, la familia de Edwin Arrieta sigue reclamando justicia y respeto por la memoria del médico colombiano.
En un contexto donde las tensiones no dejan de aumentar, el abogado Juango Ospina ha señalado que la situación económica de los familiares es insostenible, con deudas acumuladas y sin una fecha clara para recibir el dinero que les corresponde, según la sentencia.
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