Juicio por soborno
Por primera vez en Argentina, una vicepresidenta electa, Cristina Fernández, se ha sentado en el banquillo de los acusados para declarar en su primer juicio por presunta corrupción, en el que volvió a acusar al Gobierno saliente de Mauricio Macri de impulsar una persecución judicial contra ella.
La expectación que rodea siempre la llegada a los tribunales de la líder kirchnerista, que está procesada en varias causas por presuntos delitos durante su mandato como presidenta (2007-2015), se acrecentó este lunes al ser la primera vez que acude tras ganar el 27 de octubre las elecciones junto a su candidato a presidente, el también peronista Alberto Fernández. "Esta causa no tiene sustento", aseveró la imputada ante los magistrados del Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires, en una exposición que duró más de tres horas y que contó entre el público con simpatizantes como algunas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
En el juicio, que comenzó el 21 de mayo pasado -apenas tres días después de que Cristina anunciara su candidatura electoral- y en el que la exmandataria no había sido citada a declarar hasta hoy, Fernández hizo una férrea defensa de su gestión y la de su difunto marido, el expresidente Néstor Kirchner (2003-2007).
Ambos están acusados, junto a otros imputados, de encabezar una asociación ilícita y de fraude en la concesión de obras, por supuestamente direccionar contratos a un amigo de Kirchner, el constructor Lázaro Báez, ya detenido desde 2016, para "apoderarse ilegítimamente" de millonarios fondos mediante licitaciones irregulares.
"Un mes antes del cierre de listas me sentaron en el juicio oral por corrupción por la obra pública, 'lawfare' (judicialización de la política) puro", expresó en su disertación, en la que insistió que es víctima de un "plan sistemático" de persecución judicial y mediática. La vicepresidenta electa refutó las acusaciones y reiteró que en múltiples audiencias y escritos ha pedido que se audite toda la obra publica del país, algo que se le denegó "sistemáticamente".
La causa que la sentó en el banquillo tiene como origen una denuncia en 2008 de la entonces diputada opositora y aliada de Macri Elisa Carrió, aunque tomó impulso definitivo con una denuncia en 2016 del exdirector de Vialidad Nacional Javier Iguacel. La investigación apunta a que se pergeñó un plan en la provincia de Santa Cruz -de la que Kirchner fue gobernador de 1991 a 2003- para el manejo "fraudulento" de fondos en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia durante los 12 años en que se extendieron los Gobiernos nacionales kirchneristas.