Estados Unidos
La Corte Suprema de Arizona ha dictaminado que el estado puede hacer cumplir una prohibición casi total del aborto que existe desde hace 160 años.
La Corte Suprema de Arizona ha dictaminado que el estado prohíba el derecho al aborto. Una prohibición que reactiva la ley de 1864. El fallo podría cerrar todas las clínicas del estado y afectar tanto la atención médica de las mujeres como las próximas elecciones.
Los votantes de Arizona podrían revocar el fallo en un referéndum en noviembre. El aborto ni siquiera debería ser legal después de una violación o un incesto y tampoco toma en consideración complicaciones durante el embarazo. La Corte Suprema de Arizona ha allanado el camino para una ley que es más antigua que el propio estado. Los jueces, todos nombrados por republicanos, dictaron el veredicto por cuatro votos contra dos.
La ley estará bloqueada durante 14 días. Ese es el plazo que la Corte dio para que se puedan presentar apelaciones en tribunales inferiores. La decisión de reactivarla se produce tras meses de disputas legales sobre si la ley, redactada cuando Arizona aún no era un estado de Estados Unidos, podía aplicarse después de décadas de inactividad y tras aprobarse legislaciones estatales más recientes incluida una ley de 2022 , promulgada por el entonces gobernador (republicano), que permite el aborto hasta las 15 semanas de embarazo.
La fiscal general de Arizona, la demócrata Kris Mayes, criticó la decisión. Señaló que la ley surgió de una época en la que Arizona aún no era un estado, la Guerra Civil estaba en pleno apogeo y a las mujeres no se les permitía votar. El candidato presidencial demócrata y actual presidente Joe Biden condenó también la decisión. La calificó de "cruel" y acusó a los republicanos de querer "quitar la libertad a las mujeres".
El aborto será uno de los asuntos de más debate durante la campaña para las elecciones que en noviembre le enfrentarán a Donald Trump. La decisión judicial ha provocado un terremoto político local. "Este es un día negro en Arizona", ha señalado la gobernadora demócrata Katie Hobbs, quien considera la decisión judicial "un golpe a nuestros derechos básicos".
"Es uno de los vetos más extremos que hay en el país", afirmó Hobbs. "Esta casi total prohibición data de los años de la Guerra Civil, pende sobre nuestras cabezas y solo sirve para crear más caos para las mujeres y médicos de nuestro estado", añadió en un mensaje desde su oficina.
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