Homicidio
La Audiencia Provincial de Berlín ha condenado por homicidio a dos ginecólogos a un año y seis meses y a un año y nueve meses de libertad condicional por matar selectivamente a una niña con daño cerebral durante un parto gemelar por cesárea durante la semana 32 del embarazo. El tribunal consideró probado que los dos ginecólogos, una médico jefe y un jefe de departamento ahora ya jubilado de un hospital berlinés, ayudaron el 12 de julio de 2010 a una paciente de 27 años a dar a luz por cesárea a una niña sana, pero que "mataron conscientemente a su hermana gemela con una inyección de cloruro de potasio".
Esta segunda niña presentaba un grave daño cerebral que ya había sido detectado durante el embarazo, razón por la cual sus padres optaron por un aborto tardío, señala el comunicado. No obstante, en lugar de matar a la niña durante el embarazo en el útero materno, lo que habría sido "legalmente admisible y médicamente posible", los médicos, que hoy tienen 58 y 73 años, decidieron esperar el inicio del parto para realizar la intervención. Tras las primeras contracciones, los ginecólogos abrieron el útero, extrajeron a la niña sana y mataron a la enferma, a pesar de que, según datos de un experto, podría haber sobrevivido, lo cual "debe ser considerado legalmente como homicidio", dijo el juez que preside la sala al argumentar la sentencia.
Los dos médicos condenados afirman y mantienen "haber hecho lo correcto"
Los dos médicos reconocieron los hechos, pero señalaron que "debido a la particularidad médica del caso y en interés de la niña sana" decidieron abstenerse de un llamado "feticidio selectivo", es decir, de dar muerte de manera selectiva a uno de los fetos en el útero antes del inicio del parto. Agregaron que partieron de la base que su forma de actuar se correspondía con la legalidad porque la niña se encontraba aún en el útero (abierto) cuando le practicaron la inyección.
"No tuvimos duda alguna de que lo que hacíamos era lo correcto", explicó hoy el acusado al inició del juicio, que tiene lugar tras una denuncia anónima, y agregó que en su decisión "no pesó el aspecto legal, sino la niña sana". El tribunal, que consideró esta explicación poco creíble, argumentó que los acusados, como ginecólogos expertos, sabían que legalmente ya no estaban autorizados a matar al niño enfermo durante la cesárea, porque el parto ya había comenzado. Además, a la hora de realizar la inyección ya no existía conflicto, porque la niña sana ya había nacido y estaba fuera de peligro. Los acusados más bien se dejaron guiar por la voluntad de los padres de no dar a luz a una niña enferma, a pesar de haber podido sobrevivir. No obstante, "semejante 'limpieza' de bebés enfermos o discapacitados no está permitida legalmente", precisó el juez.