Coches de combustión
Esta decisión forma parte del que, según dice la Comisión Europea, es el plan contra el cambio climático más ambicioso del mundo.
Bruselas ha fijado para 2035 el fin de la venta de coches de combustión, veta así los coches de gasolina, diésel, gas y los híbridos. Además, para compensar la subida de los precios de la energía destinará un fondo de 72.000 millones.
La Comisión Europea (CE) ha propuesto además aumentar el tipo mínimo de impuestos a los combustibles fósiles y gravar por primera vez el queroseno utilizado en la aviación en la Unión Europea (UE) para reducir el uso de fuentes de energía contaminantes en la próxima década.
La iniciativa de Bruselas, que busca modificar las normas europeas sobre tributación de la energía, forma parte de un paquete de trece medidas planteadas por el Ejecutivo comunitario para que los 27 reduzcan las emisiones contaminantes para 2030 en un 55% con respecto a los niveles de 1990.
La Comisión considera que la actual directiva sobre fiscalidad energética, que data de 2003, se ha quedado vieja, ya que fija tipos mínimos para cada sector que suelen ser inferiores a los que ya imponen los Estados miembros y permite excepciones nacionales que incentivan el uso de combustibles fósiles muy contaminantes cuando la UE quiere avanzar justo en la dirección contraria.
Para corregirlo, plantea eliminar las exenciones que ahora favorecen a estos combustibles y permitir los tipos reducidos solo para fuentes de energía limpias, así como fijar las tasas en función del contenido energético del combustible (medido en euros por gigajulio) y no de su volumen.
Ahora mismo los tipos mínimos se miden en euros por litros de combustible, lo que resulta beneficioso para el diésel o la gasolina en detrimento de los biocombustibles, ya que estos tienen menos contenido energético por litro, una "ventaja escondida" que desaparecería con el nuevo sistema, según fuentes comunitarias.
Bruselas propone también aumentar los tipos mínimos para los combustibles fósiles. Estos subirán ya con la entrada en vigor de la nueva directiva, prevista para 2023, e irán incrementándose después progresivamente hasta 2033, cuando termine el periodo transitorio para aplicarla.