Bruselas
El Ejecutivo europeo promete la retirada de fondos europeos a ambos países si no respetan el Estado de derecho.
La Comisión Europea (CE) ha dado un ultimátum a Polonia y Hungría: si no terminan los ataques contra el Estado de derecho congelará los fondos comunitarios. El Ejecutivo europeo ha enviado varias "cartas administrativas" a Varsovia y Budapest en las que solicita "información que podría ser relevante para la aplicación del régimen general de condicionalidad".
Los socios del Este defienden que varios artículos de los tratados de la comunidad europea son incompatibles con las propias leyes de cada país. En este sentido, Bruselas dispone de un reglamento que permite paralizar la retribución de los fondos a países que han violado los principios del Estado de derecho con el objetivo de proteger los intereses financieros de todo el bloque comunitario.
Pulso de la UE con Polonia y Hungría
Ambos países se encuentran a la deriva judicial según la UE. En el caso de Polonia, el aspecto que preocupa es la reducción de la independencia judicial. El alto tribunal considera que para evitar la "arbitrariedad y el riesgo de manipulación" en la elección y cese de jueces "deben adoptarse medidas con arreglo a criterios conocidos de antemano y motivarse debidamente".
Sobre este asunto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) alertó en julio que el sistema que evalúa la responsabilidad de los jueces en Polonia era incompatible con la propia legislación europea.
En el caso de Hungría, el problema reside en los ataques a colectivos sociales. Mientras el primer ministro húngaro, Víktor Orbán, defiende las leyes impulsadas por su Gobierno que discriminan al colectivo LGTB, la respuesta de la UE es la "condena en los términos más enérgicos posibles" la jurisprudencia homofóbica del país.
Multa récord
En octubre, el Tribunal de Justicia de la UE condenó al Gobierno polaco a pagar una multa de 1 millón de euros al día mientras no suspendiera la Cámara Disciplinaria del Tribunal Supremo que la justicia europea había considerado contraria al derecho comunitario.
"El cumplimiento de las medidas cautelares ordenadas el 14 de julio de 2021 es necesario para evitar un daño grave e irreparable al ordenamiento jurídico de la UE y a los valores en los que se basa esta Unión, en particular el del Estado de derecho", subrayó en un comunicado.