ONU
Se ha confirmado la muerte de casi 150 palestinos en ataques israelíes contra el campo de refugiados de Jabalia, en Gaza.
El último bombardeo de un campo de refugiados en la Franja de Gaza puede considerarse un crimen de guerra, tanto por el elevado número de víctimas civiles como por su magnitud, tal y como se afirmó en un comunicado de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
"Nos preocupa seriamente que se trate de ataques desproporcionados que puedan constituir crímenes de guerra", señaló el organismo dirigido por el alto comisionado Volker Türk, quien tiene una carrera dedicada a la cuestión de refugiados y derechos humanos en la organización internacional.
Al menos 195 palestinos murieron en ataques israelíes contra el campo de refugiados de Jabalia en Gaza los días 31 de octubre y 1 de noviembre, según la oficina de medios del Gobierno de Gaza, dirigida por Hamás. Fuentes hospitalarias confirmaron a la agencia EFE haber certificado la muerte de al menos 145 personas en esos bombardeos.
Por su parte, Israel admitió haber matado a más de cincuenta "terroristas", incluido Ibrahim Biari, un comandante del Batallón de Jabalia, uno de los mandos de Hamás responsables de los ataques del 7 de octubre, según el Ejército hebreo.
La ONU dijo que el asesinato indiscriminado de cientos de no combatientes por parte de Hamás, incluidos niños, y el secuestro de unos 200 más como rehenes y escudos humanos en Gaza, es un crimen según el derecho internacional humanitario. Todas las partes involucradas en el conflicto se rigen por un cuerpo de leyes extraído de un sistema de convenciones, tratados y fallos de tribunales de crímenes de guerra conocido como "derecho internacional humanitario" (DIH) o "derecho de los conflictos armados".
El DIH se construye alrededor de las convenciones de Ginebra de 1949 firmadas después de los crímenes contra la humanidad cometidos en la Segunda Guerra Mundial, con un nuevo enfoque más centrado en la protección de los civiles.
La Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, el tribunal permanente con jurisdicción sobre crímenes de guerra y otros crímenes contra la humanidad -como el genocidio-, interviene cuando las jurisdicciones locales no actúan.
Israel ha dicho que no está sujeto a la autoridad de la CPI porque no firmó el estatuto de Roma que estableció la corte y entró en vigor en 2002. Estados Unidos ha respaldado esta posición, diciendo que se "opone firmemente" a cualquier investigación con el argumento de que "Israel no es parte de la CPI" y que "los palestinos no califican como un Estado soberano".