Brasil
El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, ha recordado este sábado que el "presidiario" expresidnete Luiz Inácio Lula da Silva tiene aún cuentas pendientes con la justicia a pesar de la decisión judicial de este viernes que ha permitido su excarcelación.
"La gran mayoría del pueblo brasileño es honesta, trabajadora y nosotros no vamos a dar espacio ni a contemporizar con un presidiario. El está suelto, pero sigue teniendo todos los delitos a sus espaldas", ha afirmado Bolsonaro en declaraciones a la prensa des de el Palacio de la Alvorada, residencia oficial del presidente de Brasil.
Además, Bolsonaro ha destacado en Twitter el trabajo del ministro de Justicia, Sergio Moro, quien fue el responsable como juez de enviar a Lula a prisión. El mandatario ha indicado posteriormente sin citar a Lula "nada de munición al canalla".
"Momentáneamente está libre, pero cargado de culpa", ha remachado. Moro también ha comentado en Twitter la excarcelación, la ha lamentado, pero ha hecho un llamamiento a respetar la medida del Supremo. "Luchar por la Justicia y por la seguridad pública no es una tarea fácil. Hay que esperar victorias y reveses. Preferimos las primeras y lamentamos los segundos, pero nunca desistiremos. La decisión del Tribunal Supremo Federal debe ser respetada, pero puede ser alterada", ha indicado.
El expresidente salió este viernes de la prisión de Curitiba, donde desde hacía más de año y medio purgaba dos condenas por corrupción que suman más de 20 años de cárcel, conforme a un reciente fallo del Tribunal Supremo (STF) que le permite esperar en libertad una sentencia firme de ambos procesos.
Lula fue condenado en julio de 2017 a nueve años y medio de cárcel por aceptar un tríplex de lujo como pago a los favores políticos que hizo a la constructora OAS. Posteriormente, la pena se cambio, primero a doce años y un mes y finalmente a ocho años y diez meses.
El pasado mes de febrero, el antiguo dirigente sindical recibió una segunda condena por corrupción. Esta vez, a doce años y once meses de cárcel por las reformas que las constructoras OAS y Odebrecht hicieron en una propiedad rural atribuida a Lula en Atibaia, Sao Paulo, también como pago a sus favores políticos.