Ecuador
Son siete las bandas delictivas identificadas que han puesto contra las cuerdas al Gobierno de Ecuador con una serie de atentados.
En la costera ciudad de Guayaquil están las dos cárceles más pobladas de Ecuador. Más de 10.000 presos residen entre ambas, la Penitenciaría del Litoral y la Regional, y desde sus 15 pabellones es desde donde los propios detenidos tienen el control de todo el crimen organizado del país sudamericano. Tienen incluso las llaves de sus propias celdas. Así consiguen sembrar el terror con actos de extrema violencia, la mayoría grabados para su difusión en redes sociales, como el ocurrido el pasado 9 de enero, que dejó al menos diez muertos, entre ellos, dos policías.
En los tres pabellones de la Regional mandan Los Choneros, que responden a José Adolfo Macías, alias Fito. En la Penitenciaría, los doce pabellones están divididos para cada banda, como Chone Killers, Águilas, Fatales, Latin Kings, Lobos, Tiguerones y la Mafia. Fue aquí donde sucedió la primera masacre carcelaria el 23 de febrero de 2021, cuando fueron decapitados 79 presos. Desde entonces, el país se ha visto bajo una crisis de violencia que ha ido aumentando y que ha puesto en jaque a los últimos tres gobiernos, que no han logrado restablecer el control en las cárceles del país.
"Las cárceles son ciudades donde los presos mandan"
"Las cárceles son ciudades donde los presos mandan. Tienen sus propios negocios", reconoce un policía que trabajó en esas dos prisiones. En cada pabellón, los líderes cobran por todo. Existen celdas que miden dos metros de largo por dos de ancho donde pueden convivir desde una persona hasta diez. Todo depende de cuánto dinero pueden pagar por su seguridad y comodidad. "Si quería una buena habitación, los narcotraficantes llegaban a pagar hasta 1.500 dólares mensuales. Esa celda tenía hasta aire acondicionado. Y era para él y su seguridad". En una celda de dos literas para cuatro personas, cada uno pagaba 300 mensuales. "El que no pagaba, vivía en el piso". Cada pabellón puede llegar a mover hasta 20.000 dólares mensuales.
La estructura del funcionamiento de los grupos funciona con el líder máximo de cada banda como el gobernador de cada pabellón, donde se desarrollan negocios como la venta ambulante de comida, el tráfico de drogas o las adquisiciones de comodidades para las celdas... De ahí que muchos de los conflictos entre las bandas criminales sean por el control de pabellones y centros penitenciarios, motivados por la ganancia de más beneficio económico.
Esta situación se debe a la corrupción del sistema a cargo del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), es decir, la entidad del Gobierno, que se culpabiliza como la responsable del abandono del sistema penitenciario por el Estado desde hace años y por la ausencia de una política criminal integral.