ERA UNA DE LAS PRINCIPALES EXIGENCIAS DE LA OPOSICIÓN SIRIA
El presidente sirio, Bachar al Asad ha firmado tres decretos, entre ellos uno que deroga el estado de emergencia en vigor desde 1963, una de las principales exigencias de la oposición. Al Asad también ha aprobado la eliminación del Alto Tribunal de la Seguridad del Estado y respaldó una nueva ley que garantiza el derecho a celebrar protestas pacíficas, según ha informado la televisión siria.
La derogación del estado de emergencia, que otorgaba amplios poderes a las fuerzas de seguridad, era una de las principales exigencias de la oposición en Siria. Se desconoce si, a partir del decreto que Al Bachar, el estado de emergencia queda completamente derogado o si la norma necesita ser ratificada en el Parlamento, algo que, sin embargo, sería puro trámite. A finales de marzo pasado, presionado por las protestas contra su régimen iniciadas a mediados de ese mes, Al Asad ordenó la creación de un equipo de estudio con el objetivo de preparar una norma antes del 25 de abril que allanara el camino a la derogación de la Ley de Emergencia.
Una gran parte de los 23 millones de sirios ha nacido o crecido bajo el control estricto de la Ley de Emergencia, que entre otras cosas ejerce una fuerte supervisión sobre los medios de comunicación y permite detenciones sin órdenes judiciales. El régimen de Damasco siempre ha defendido que esta medida de excepción se mantenía por el estado técnico de guerra con Israel, y ha adelantado que ninguna ley antiterrorista sustituirá esta norma y que bastará con el código penal ordinario. Según funcionarios sirios, estas no serán las únicas reformas que llevarán a cabo las autoridades del país. Se está elaborando una nueva norma de medios de comunicación para dar más libertad a los periodistas y se está revisando un borrador de la paralizada ley de partidos, prometida en 2005 en el congreso del partido Baaz, la formación política de Al Asad. Esta última normativa permitiría el establecimiento de partidos políticos, siempre y cuando no estén basados en agendas étnicas o religiosas, e implicaría la creación de nueva ley electoral previa a los próximos comicios parlamentarios.