DESTINADOS A PAÍSES DE ÁFRICA Y ASIA

Amnistía Internacional denuncia el aumento de la exportación de instrumentos de tortura desde China

África y Asia son los principales destinos de los instrumentos de tortura que se fabrican y exportan en China. Según una investigación de Amnistía Internacional, el número de empresas que se dedican a fabricar dichos productos se ha multiplicado por cuatro en los últimos diez años.

Más de 130 empresas chinas participan del aumento del comercio, fabricación y exportación de instrumentos de tortura a países de África y Asia, según una investigación de Amnistía Internacional (AI) y la Fundación de Investigación Omega divulgada hoy.

El informe 'Comercio de instrumentos de tortura y represión de China', publicado por ambas organizaciones, señala que el número de empresas que se dedican a la fabricación de estos productos se ha multiplicado por cuatro en China en los últimos diez años.

AI denuncia que algunos de estos objetos, como porras eléctricas paralizantes, sillas rígidas de sujeción, pinzas eléctricas o porras de metal reforzadas con pinchos, que están diseñados específicamente como instrumentos de tortura, son exportados a países de África y Asia donde su empleo supone una violación de los derechos humanos de las víctimas, según afirma el estudio.

Otros productos que pueden tener un uso legítimo por parte de las fuerzas de seguridad, como el gas lacrimógeno, proyectiles de plástico o vehículos antidisturbios, se están exportando desde China a países donde existe un riesgo sustancial de que puedan cometerse con ellos violaciones de los derechos humanos por parte de los responsables legales que los reciben.

Las compañías chinas, la mayoría de las cuales son de propiedad del Estado, tienen una presencia cada vez mayor en el mercado mundial de equipos de seguridad, según indica el documento.

La investigación señala que los controles de exportación de este tipo de materiales son débiles y carecen de transparencia, y extiende también el problema a los países que cuentan con normas más estrictas, como los de la Unión Europea o Estados Unidos, a quienes insta a mejorar sus controles según aparecen en el mercado nuevos productos y tecnologías.

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