ACUERDO UNIÓN EUROPEA Y TURQUÍA
Las ONG están en contra del acuerdo entre la UE y Turquía para expulsar a los refugiados inmigrantes que lleguen a Grecia porque "vulnera" los tratados internacionales de derechos humanos y porque creen que ese país no asegura una adecuada protección a estas personas, cuya vida así "puede correr peligro".
Esta es la opinión que han mostrado algunas ONG sobre este acuerdo por el que Turquía aceptará la devolución de todas las personas que se trasladen clandestinamente desde su territorio a Grecia y por el que reclama otros 3.000 millones de euros y agilizar la liberalización de visados.
La secretaria general de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Estrella Galán, ha denunciado este acuerdo porque, además, "Turquía no asegura una adecuada protección a las personas refugiadas, dado que es un país donde no están garantizados los derechos humanos".
Galán cree que las devoluciones de refugiados con la contraprestación de reasentar sólo a los de origen sirio "vulnera claramente el principio de no devolución de la Convención de Ginebra de 1951, que garantiza que las personas no sean expulsadas donde su vida pueda correr peligro o no se respeten los derechos humanos".
"Nos parece vergonzoso y un despropósito -ha dicho- que Europa intente convertir a Turquía en el gran campo de refugiados a su servicio, sin tener en cuenta la reiterada violación de derechos humanos que allí se producen, apoyándose en el Gobierno turco para que actué como gendarme de nuestras fronteras".
También, Paula San Pedro, responsable de incidencia política en emergencias de Intermon Oxfam, ha criticado esta decisión porque con ella la UE "pasa a un país, que no consideramos seguro, una responsabilidad que vulnera la protección internacional".
Por ello, considera que Europa "está invirtiendo mucho más tiempo en poner freno al flujo de emigración, en vez de buscar soluciones".
María Jesús Vega, portavoz de el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en España, ha incidido en que la expulsión colectiva "está prohibida por la Convención Europea de Derechos Humanos" y ha alertado a la UE de que la legalidad internacional "hay que respetarla por encima de todo".