México
Una comunidad indígena de Chiapas tiene que huir tras recibir amenazas y agresiones por parte de un grupo paramilitar que les exige invertir 20 millones de pesos de un sorteo en comprar armas.
Cerca de 28 familias indígenas tzeltales de Chiapas han tenido que abandonar sus hogares tras recibir amenazas por parte de un grupo criminal. Según han relatado, las advertencias comenzaron a llegar tras la negativa de la comunidad a invertir en armas todo el dinero que habían ganado en el sorteo del avión presidencial de México.
Todo comenzó en 2018 cuando el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, decidió vender la aeronave Boeing 787 Dreamliner, que había utilizado su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018). Sin embargo, dos años después y ante la falta de compradores, pensó que era mejor idea sortearlo.
Por ello, el 15 se septiembre de 2020 se organizó una rifa que ganó la escuela José María Morelos y Pavón del municipio de Ocosingo, en el norte del estado de Chiapas. Fueron premiados con 20 millones de pesos correspondientes a la papeleta 4344899 de la Lotería Nacional.
Agresiones y presiones
Sin embargo, lo que parecía una buena noticia acabó por convertirse en una auténtica pesadilla. En declaraciones a los medios, Marcelo Santiz, portavoz de las familias desplazadas, ha reconocido que al poco de ganar el premio, comenzaron a recibir presiones por parte del grupo paramilitar 'Los Petules'.
Atemorizados por un grupo criminal
Más tarde, las presiones se convirtieron en agresiones, que a su vez se intensificaron en enero de este año. En marzo, empeoró la situación cuando varios paramilitares trataron de asesinar a un agente auxiliar para que entregara todo el efectivo ganado por el centro escolar.
Agresiones y presiones
Pocos meses más tarde, en octubre, mujeres, niños y ancianos sufrieron nuevos ataques. Este hecho fue determinante para que aproximadamente 28 familias decidieran huir y desplazarse a diferentes puntos de la selva chiapaneca. Allí permanecen desde entonces.
El caso ya se ha puesto en conocimiento del Gobierno y la Fiscalía de Chiapas, aunque por el momento no se ha ofrecido ninguna solución para la comunidad afectada.