DUROS ENFRENTAMIENTOS

Referéndum del 1 de octubre: máxima tensión

El referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, provocó una de las jornadas más tensas en el ya largo desafío independentista, con multitud de enfrentamientos, al tener que actuar las fuerzas de seguridad del Estado en sustitución de la inacción de los Mossos d'Esquadra.

Desde el fin de semana anterior y la misma madrugada del 1 de octubre los independentistas se movilizaron ocupando los centros habilitados como colegios electorales para evitar su cierre. Los mossos precintan algunos colegios, pero en la mayoría de los casos se limitan a constatar que no lo pueden hacer ante la concentración en su interior de los activistas de las organizaciones independentistas. Van llegando las urnas, después de un planificado y secreto sistema de traslado.

Los fallos en el sistema informático provocados por la acción de la Guardia Civil lleva a la Generalitat a decretar que se puede votar en cualquier centro, no en el asignado.

Ante la pasividad de los mossos, la Policía Nacional y la Guardia Civil se encargar de cumplir la orden judicial de impedir la votación. Se inician los enfrentamientos en algunos centros. El presidente Puigdemont consigue votar y también los otros dirigentes independentistas. Critican la acción de las fuerzas de seguridad, mientras el Gobierno niega que lo que se está desarrollando sea un referéndum.

La discrepancia también se lleva a las consecuencias de los enfrentamientos. Gobierno y Generalitat dan números completamente distintos de detenidos y heridos. Los enfrentamientos en los colegios se trasladan después a manifestaciones en las calles. El partido entre el Barcelona y la U. D. Las Palmas, que está a punto de suspenderse, se termina jugando a puerta cerrada.

A las 20 horas se cierran las votaciones, pero el gobierno catalán anuncia que podrán seguir haciendo los que lo deseen. Puigdemont declara que se han ganado "el derecho a un estado independiente". Rajoy niega el referéndum y agradece a los jueces y fiscales su trabajo. La oposición critica el despliegue policial.

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