Yolanda Díaz
La vicepresidenta segunda también propone limitar aforamientos y prohibir que se conceda indultos a los condenados por corrupción.
"Os digo en positivo que vamos a tener ley de amnistía y vamos a tener Presupuestos Generales, sin lugar a dudas". Estas han sido las palabras de la líder de Sumar y vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, que ha prometido este lunes que la legislatura será estable.
"Nos han votado para esto y a pesar de todas las páginas de periódicos y de tertulianos, que ocupan muchos minutos de su tiempo en dibujar un mundo que se va a caer y en el que no se va a producir, lo vamos a tener sencillamente porque la ciudadanía ha votado bien, no se ha equivocado y porque las tareas que tenemos son muy importantes", ha explicado la vicepresidenta durante una reunión del grupo parlamentario de Sumar este lunes en el Congreso.
En su discurso, Díaz ha remarcado que, ante el "ruido" hay que actuar con "serenidad" y "tranquilidad", y ha puesto en valor la política útil, que es valorada por la sociedad para cumplir el acuerdo de gobierno con el PSOE. Además, Díaz ha señalado ante sus diputados que los próximos Presupuestos Generales son "claves" para Sumar.
Asimismo, ha desglosado una batería de propuestas y cambios normativos para atajar la "lacra de la corrupción" y evitar situaciones como la creada por el caso Koldo. Entre esas medidas están:
Sobre el primer punto, Díaz considera que ya "ha llegado la hora" de modificar la legislación que regula el indulto en España para que no se pueda aplicar nunca a casos de corrupción y asegura que le resulta "llamativo" que esta restricción de la medida de gracia no se haya aplicado ya en España.
En relación con la figura del aforamiento, cree que se debe limitar no solo en la clase política, sino en otras instituciones del Estado. Critica que ahora mismo se utiliza como una especie de protección extra en casos de corrupción, y se debe acabar con ello.
Para terminar, ha reivindicado la creación y despliegue de un organismo independiente para la prevención de posibles conductas corruptas en el ámbito de la administración, dado que es una recomendación del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO).
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