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Negociaciones presupuestarias

Vox suspende las negociaciones presupuestarias con el PP por "acercarse" a la postura socialista en la política migratoria

La formación de Santiago Abascal condiciona los acuerdos presupuestarios al rechazo de cesiones migratorias y cumplimiento de pactos anteriores.

Las tensiones entre Vox y el Partido Popular se intensifican con las negociaciones presupuestarias en comunidades donde los populares dependen del respaldo de la formación de Abascal. Durante la rueda de prensa posterior al Comité de Acción Política (CAP), José Antonio Fúster, portavoz nacional de Vox, lanzó una advertencia directa al PP. Acusó a Génova de "incumplir pactos" y de adoptar una actitud ambigua respecto a la inmigración, lo que complica un posible entendimiento en regiones como Extremadura, Castilla y León, Murcia, la Comunidad Valenciana y Baleares.

El principal punto de fricción radica en la política migratoria. Vox rechaza cualquier acuerdo que implique cesiones en la acogida de menores no acompañados o la regularización de extranjeros que ya trabajan en España, propuestas que el PP está considerando en sus conversaciones con el Gobierno.

La respuesta del PP

Desde la dirección nacional del PP, su vicesecretario de Economía, Juan Bravo, acusó a Vox de "bloquear por bloquear" los presupuestos en comunidades clave. Bravo defendió que el PP seguirá adelante con su propuesta migratoria y con el acuerdo alcanzado entre Feijóo y Fernando Clavijo, presidente de Coalición Canaria, sobre la distribución de menores inmigrantes en las regiones. "El que quiera bloquear por bloquear tendrá que decir por qué lo hace y asumir las consecuencias", señaló.

El PP insiste en que su disposición al diálogo con el Gobierno no implica cesiones en temas fundamentales. Sin embargo, desde Vox critican esta postura, y argumentan que legitima al Ejecutivo de Sánchez y abre la puerta a medidas como la regularización masiva de inmigrantes.

Vox ha puesto la inmigración en el centro de su estrategia para condicionar los presupuestos en todas las regiones donde el PP depende de su apoyo. Exigen, además, el cumplimiento de toda la legislación pactada en los acuerdos de gobierno anteriores, como la ley de concordia en Extremadura.

La propuesta del Gobierno, que incluye la reforma del artículo 35 para facilitar la redistribución de menores no acompañados, ha sido recibida con escepticismo tanto por Vox como por sectores del PP. Mientras Vox adopta una postura maximalista, el PP busca un equilibrio que permita alcanzar un pacto estatal en la próxima Conferencia de Presidentes en Santander, el 13 de diciembre.

Vox advierte que cualquier acercamiento entre el PP y el Gobierno podría llevar al fracaso de las conversaciones presupuestarias en las comunidades autónomas. Por su parte, los populares creen que, si se llega a un acuerdo beneficioso para los ciudadanos, Vox tendrá que enfrentarse a la presión de justificar su rechazo.

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