Ley de amnistía
Vicente Vallés introduce en este vídeo las imágenes que muestran la cronología desde el 1 de octubre de 2017 hasta hoy, lo que la ley de amnistía hará olvidar.
Bajo el título 'Ley orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña', el PSOE ha registrado este lunes de ley de amnistía en el Congreso. La proposición de ley fue registrada por los socialistas sin la firma de sus socios de investidura. La ley de amnistía borrará los delitos relacionados con el procés cometidos durante una década y exonera de forma expresa al expresident Carles Puigdemont y al resto de fugados.
"Se pretende que los ciudadanos olviden lo que ocurrió y lo que supuso el proceso independentista. Quien firma esa ley aspira a que se olvide todo lo que van a ver... y a recordar. Gracias a la amnistía, nada de esto ha ocurrido", ha dicho Vicente Vallés, presentador y director de Antena 3 Noticias 2.
Tras casi tres meses de negociaciones, el acuerdo sobre la ley de amnistía se había enfrentado a numerosos escollos que complicaron la negociación entre PSOE y Junts hasta retrasar el pacto. Ambos partidos habían chocado en el último tramo de la negociación, concretamente en el punto en el que se habla sobre los casos que quedan excluidos de los beneficios de esta ley.
Sin embargo, la proposición de ley consiguió salir. Dicha ley amnistía a los dirigentes del procés, a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por un delito de pertenencia a organización terrorista, a los 10 encausados por los disturbios presuntamente promovidos por Tsunami Democrátic tras las condenas por el 'procés' en el otoño de 2019 o a los policías procesados por su actuación durante la celebración del referéndum ilegal de 2017. La norma también abarca a Josep Lluís Alay, el jefe de gabinete del expresidente catalán Carles Puigdemont y al exconseller de Interior de la Generalitat catalana Miquel Buch. Y a Puigdemont, Junqueras o al expresidente catalán Artur Mas.
La propuesta también delimita los delitos que serán amnistiados, donde se incluye la usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación. Con el acuerdo entre Junts y PSOE, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha conseguido los apoyos necesarios para ser investido presidente tras las elecciones del 23J.
Para llegar hasta ese día hay que retroceder hasta el año 2014, cuando Artur Mas se encontraba al frente de la Generalitat. El 9 de noviembre de aquel año, Mas convocó una consulta soberanista no vinculante y no aprobada por el Estado. El motivo fue el descontento generado en la clase política por la pérdida de competencias de la autonomía catalana a raíz del recorte del Estatut por parte del Tribunal Constitucional (TC). La consulta tuvo un impacto en las elecciones catalanas del año siguiente, donde ganó Junts y Carles Puigdemont accedió a la presidencia del Govern. Los movimientos para preparar las urnas se empezaron a dar en el mes de abril de 2017, medio año antes de la celebración del referéndum ilegal.
El pasado 1 de octubre se cumplieron seis años del referéndum en el que numerosos catalanes salieron a las calles a votar. El acto fue convocado por varios grupos independentistas para que "el pueblo decidiese" sobre la soberanía de Cataluña. Aquel día, pero de 2017, 5,3 millones de catalanes fueron llamados a votar en un referéndum sobre la independencia convocado de forma ilegal. La consulta fue anulada por el Constitucional, además de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña prohibió expresamente el referéndum. "Hoy no ha habido un referéndum de autodeterminación en Cataluña", aseguró el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Según datos del Gobierno, los cuerpos policiales cerraron 113 centros y cerca de un centenar no se llegaron a abrir. El Estado desplegó a miles de agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil para coordinarse con los Mossos d'Esquadra e impedir la votación por orden judicial. Las autoridades catalanas denunciaron que más de 750 personas fueron heridas, aunque la mayoría fueron atendidos por mareos, ansiedad o contusiones.
A pesar de ello, aquel día votaron cerca de 2,3 millones de personas. Ese mismo día por la noche, el conseller de la Presidencia, Jordi Turull, anunció que se habían contabilizado 2.262.424 votos, con un 90% de 'síes' a la independencia.
Las cargas policiales en el 1-O comenzaron a producirse y a viralizarse rápidamente por las redes sociales y los medios de comunicación. Dos días después, el 3 de octubre, cientos de miles de personas se movilizaron en Barcelona para protestar por la "violencia" policial y reivindicar el 'sí' a la independencia. El rey Felipe VI emitió por la noche un mensaje televisado en el que llamó a asegurar el "orden constitucional". "Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de derecho", dijo. Los intentos de mediación fracasaron y el mes terminó con la declaración unilateral de independencia, el 27 de octubre, seguido de la aplicación por primera vez del artículo 155 de la Constitución en Cataluña por Rajoy.
Rajoy cesó a Puigdemont y al Govern y convocó elecciones autonómicas para el 21 de diciembre de 2017. Los posteriores 2 y 3 de noviembre, la jueza Lamela envió a prisión preventiva a Oriol Junqueras y a los consellers Raül Romeva, Dolors Bassa, Carles Mundó, Meritxell Borràs, Josep Rull, Jordi Turull y Santi Vila. Días más tarde, el 9 de noviembre, el Supremo envió a prisión a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, siendo la última en salir en tercer grado en enero de 2021.
El Tribunal Supremo condenó a los 12 líderes independentistas a penas de entre 10 meses de multa hasta los 13 años de cárcel. Se condenó por sedición a los exdirigentes catalanes. Puigdemont fue condenado a cárcel, pero abandonó España a finales de ese mismo mes y se dirigió a Bruselas hasta día de hoy.